Número 33, Año 6, junio, 2019
Este 29 de junio se cumplen diez años de la recuperación de más de 700 hectáreas de tierras comunales por parte de comuneros y comuneras de la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán; que habían sido ocupadas 45 años antes por poderos caciques de la región, que ayudados por el gobierno y por grupos paramilitares, se habían encargado no sólo de despojar, sino también de hostigar y reprimir a la comunidad que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), y que es uno de los espejos de resistencia y rebeldía que nos reflejan los procesos de explotación, despojo, represión y desprecio a los que el capitalismo somete a los pueblos indígenas y en general a los de pie.
También se cumplen diez años de la creación de la encargatura de Xayakalan –lugar de los danzantes con máscara–, que fue creada tras la histórica recuperación de tierras realizada por la comunidad y que es resultado también de la decisión de la comunidad de ejercer su inalienable derecho a la autonomía por la vía de los hechos, pues las autoridades, siempre de lado de los poderosos, no han hecho más que darles largas y utilizar la leyes para legalizar la represión y las injusticias en contra de un pueblo que se ha empeñado en la defensa de su territorio, de sus recursos y de su historia.
Este mes de junio también se cumplen diez años del Manifiesto de Ostula (14 de junio de 2009), un documento de gran trascendencia histórica y política que al mismo tiempo que reivindica el derecho a la autonomía y la autodefensa indígenas, denuncia la guerra de exterminio neoliberal ejercida contra la comunidad, así como el constante hostigamiento y represión por parte del gobierno así como de grupos paramilitares y señala de manera enérgica que los pueblos tienen el derecho, reconocido constitucionalmente, de organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales así como de su cultura y su territorio, y en este sentido, reconocen a los Acuerdos de San Andrés como ley suprema y como verdadera Constitución de los Pueblos Indígenas de México. Como parte de este ejercicio de construcción de autonomía, una parte central en este proceso, es la activación de la policía comunitaria de Santa María Ostula, que responde que manera estructural a la comunidad; sus integrantes son siempre nombrados por la comunidad a través de asamblea y su objetivo es brindar seguridad a la comunidad siempre guiados por los acuerdos de asamblea.
Todos estos logros no fueron sencillos y mucho menos gratuitos; el proceso de organización y lucha le ha costado a la comunidad un saldo de 34 comuneros asesinados y 6 que permanecen desaparecidos, así como un hostigamiento constante que en 2015 le cobró a la comunidad la vida del niño Hildeberto Reyes García, así como decenas de heridos en los múltiples cercos y ataques directos que ha sufrido la comunidad desde 2009 y que no han cesado. Por esta razón, en 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Sedena y al Gobierno de Michoacán por el uso ilegítimo de la fuerza pública en contra de los habitantes de Santa María Ostula, sin embargo, como suele suceder con este tipo de acciones, el gobierno hizo oídos sordos, y contrario a la recomendaciones emitidas, ha colocado en el gobierno del estado a personas como el ex subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, quien recientemente fue señalado, tras la difusión de un video, por participar en actos de tortura durante el interrogatorio a unos delos presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Pero el embate contra la organización de los pueblos no se detiene ahí, a la fecha, la comunidad de Santa María Ostula sigue denunciando la presencia de grupos paramilitares (Narcotráfico) en puntos estratégicos de la región; asimismo, proyectos como el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas, o la extracción de recursos naturales como maderas finas y minerales, siguen siendo una amenaza latente, pues los dueños del capital no han renunciado a su interés de apoderarse del territorio.
Hoy, a una década de aquel acto de justicia por parte de la comunidad de Ostula, ésta nos demuestra que pese a los continuos intentos del gran capital de arrebatarle a los pueblos su territorio, es la organización la herramienta histórica que permite hacerle frente y construir verdaderos procesos de autonomía y de justicia.
En este decimo aniversario, desde Tejiendo Organización Revolucionaria, saludamos y reconocemos la digna lucha de la comunidad de Santa María Ostula, de sus comuneros y comuneras, de sus niños y niñas, como un referente para todos aquellos que nos enfrentamos a los embates del gran capital en el campo y en la ciudad y también hacemos un llamado a estar pendientes, pues la hidra no se detiene y aunque silenciosa, sigue presente, tan presente como la lucha y rebeldía de quienes resisten y no claudican.