Número 32, Año 6, mayo, 2019
En días pasados, en las habituales mañaneras, el presidente de la república fue cuestionado por un periodista del periódico Reforma sobre sus estadísticas que indicaban un descenso en los índices de violencia que se viven en el país. Ante los cuestionamientos sobre lo ambiguo de sus datos, el presidente señaló que las cifras de los sexenios anteriores no son confiables; aceptó que es cierto que en algunos casos los índices de violencia se mantienen, y finalizó diciendo que su compromiso es revertir esos índices como lo hizo cuando fue Jefe de Gobierno. Si bien es cierto que las cifras ofrecidas por los sexenios de Calderón y Peña Nieto no sólo no son confiables sino falsas, pues además de maquillar datos, omiten información, lo que también es cierto es que la violencia se hace cada vez más evidente en las calles, en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, en fin, en nuestros espacios cotidianos en los que normalmente nos sentíamos seguros. Uno de esos espacios es la UNAM, que en años recientes ha sido escenario de actos violentos cometidos en contra de sus estudiantes, tanto al interior de sus distintos centros de estudios, como en zonas aledañas, incluso más allá de su demarcación, tal es el caso del asalto que sufrieron estudiantes a bordo del transporte universitario, cuando se trasladaban de Xochimilco a Ciudad Universitaria, el pasado 7 de mayo. Unos días antes, Aideé Mendoza, estudiante del cch-Oriente, murió tras recibir el impacto de una bala “perdida”, cuando estaba en su salón de clases. El caso de Aideé, se suma a la lista de desapariciones, homicidios y feminicidios perpetrados contra estudiantes universitarios, como Jenifer Sánchez, también estudiante del cch-Oriente, quien desapareció el 20 de marzo de este año, y cuyo cuerpo fue hallado sin vida, seis días después. También estudiante del cch-Oriente, Miranda Mendoza, salió de su casa en el Estado de México, fue a clases, pero no regresó a su casa; el 21 de agosto del año pasado, su cuerpo calcinado fue ubicado en la carretera México-Cuautla, tenía 18 años, un par de años menos que Mariela Vanessa, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, quien desapareció el 27 de abril de 2018 y de quien aún no se tiene noticia. A esta lista se suman los casos de la profesora Graciela y de su hija Sol Cifuentes, estudiante de la Facultad de Arquitectura, quienes fueron violentadas y asesinadas en su casa, por el novio de Sol, como ocurrió en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, una joven universitaria, asesinada por su novio el pasado 4 de mayo de 2017. Aunque en los últimos años la violencia en contra de las mujeres se ha elevado de manera alarmante, es preciso decir que al interior de la universidad, la violencia también ha atacado a los hombres, ejemplo de ello son los casos de Carlos de 22 años, estudiante de la Facultad de Arquitectura, cuyo cuerpo fue hallado en las inmediaciones de esa misma facultad; de Adrián, estudiante de la Facultad de Filosofía y letras; y de Víctor Manuel, estudiante de la Facultad de Odontología; cuyos cuerpos fueron encontrados en las cercanías de la Facultad de Filosofía y Letras; y de Luis Roberto, estudiante de la Facultad de Derecho, quien fue encontrado aún con vida en uno de los pozos de absorción ubicados entre las facultades de Medicina y Odontología, y quién murió días después. En todos estos casos, las autoridades universitarias no sólo han sido ineficientes, también han sido omisas y faltas de sensibilidad, pues no sólo han entorpecido las vías para la obtención de pruebas en tiempo y forma, sino que también han sido cómplices, como lo ha señalado Araceli Osorio, madre de Lesvy, quien a dos años de la muerte de su hija no ha dejado de luchar por la justicia que merece ella y todas las mujeres que no sólo han sido víctimas de la violencia, sino de un sistema basado en la opresión de género y de clase. En este contexto y por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la cdmx, el pasado 4 de mayo de 2019, Ernestina Godoy, procuradora de justicia de la ciudad, ofreció una disculpa pública a la madre de Lesvy por la falta de una acción adecuada en la investigación, que a dos años de distancia ha tenido que luchar no sólo contra la incompetencia de las autoridades gubernamentales para lograr avances en el caso, sino también contra la intransigencia y falta de sensibilidad de las autoridades universitarias, quienes ante el clima de violencia que estamos viviendo actualmente siguen actuando a partir de protocolos poco claros y faltos de sensibilidad con las víctimas y sus familias, quienes no han recibido un acompañamiento adecuado que represente un verdadero apoyo para los familiares de las víctimas de violencia en la universidad. A la par, las autoridades gubernamentales de la cdmx en voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, han señalado que es la universidad la que debe hacerse cargo de su seguridad, pues está la autonomía de por medio, sin embargo, si la universidad así lo decide, el gobierno está en toda la disposición de colaborar en esta tarea. Y bien, llegan las preguntas necesarias, las autoridades universitarias ¿qué harán?, ¿también pedirán disculpas?, ¿colocarán más rejas?, ¿emprenderán otra campaña como la de no es tu amigo, es narco?, ¿cambiarán los protocolos con los que justifican su actuar lento e ineficiente? Sin adelantarnos a especular las posibles respuestas, lo que podemos decir es lo que sí han hecho: más que respuestas o propuestas concretas, sólo han dado declaraciones generales en redes sociales, han filtrado información y finalmente se han deslindado de la responsabilidad que sí tienen: garantizar la seguridad de su comunidad. Cómo lo han señalado los estudiantes del cch-Oriente y de otras escuelas y facultades de la unam, lo que se le está exigiendo a la universidad hoy de manera urgente, es la generación de los protocolos adecuados para actuar y acompañar a su comunidad cuando ésta sea víctima de algún acto de violencia. Estos protocolos tendrían que ir más allá de acompañar a las víctimas al ministerio público a presentar una declaración y después deslindarse de toda responsabilidad, más allá de colocar cámaras que no sirven o rejas que terminan siendo una estrategia de vigilancia y control más que de seguridad y protección. También tendrían que ser resultado del ejercicio verdaderamente democrático de todos los universitarios y no una decisión tomada de forma unilateral, una vez más, y sobre todo, tendría que responder a las necesidades de la sociedad a la que la universidad pertenece. Hoy, la comunidad universitaria debe dejar de ser un discurso que las autoridades sólo enarbolan o convocan cuando así les conviene; hoy esa comunidad tiene el gran reto de convocarse para dialogar, discutir, generar propuesta y sobre todo, exigir a esas autoridades que dejen de servir a los intereses de unos pocos, que actúen conforme a los intereses de esa comunidad que es la que le da sentido a su existencia, y que no es sólo una abstracción o un discurso, esa comunidad se hace concreta en cada uno de sus estudiantes universitarios, como Lesvy, Jenifer, Aideé, Carlos, Adrián, y miles más que exigen verdadera justicia y seguridad.