Número 38, Año 6, diciembre, 2019
Las declaraciones de Trump sobre calificar a los grupos del narcotráfico en México como grupos terroristas o respecto a su decisión de brindar todo el apoyo posible para combatir y acabar con los “monstruos” del narco mexicano, despertaron las alarmas entre varios sectores. Se abría, según afirmaron algunos, la posibilidad de una agresión al territorio nacional por parte del gobierno estadounidense tomando como pretexto el combate al narco. El marco de estas preocupaciones se completa con los hechos de violencia que han sucedido a lo largo del territorio nacional, en particular el operativo fallido en Sinaloa para capturar al hijo del Chapo Guzmán, la matanza contra miembros de la familia LeBarón o los recientes ataques en Villa Unión, Coahuila. Esta situación pone sobre la mesa, una vez más, el problema del narcotráfico y la inseguridad en nuestro país, el papel del Estado mexicano y de los EE.UU. en relación con la violencia que sufrimos. Pensamos que las valoraciones al respecto deben ir más allá de lo inmediato, no podemos quedarnos sólo en culpar al actual gobierno, en adjudicar el problema a una familia que ha sido víctima de la violencia, o a los desplantes de un presidente estadounidense que está en campaña electoral permanente. Lo primero a considerar es el fenómeno del imperialismo. Como hemos planteado en otros textos, para comprender la realidad nacional, incluida la violencia y la inseguridad, debemos insistir en que nuestro país se encuentra sometido a uno de los países centrales dentro del sistema imperialista global, los EEUU. Esto no es de ahora ni de ayer, tampoco se solucionará con declaraciones en twitter o buenas intenciones de los gobernantes en turno. Nos atan a esta relación de sometimiento los intereses de los grandes millonarios y burgueses mexicanos y estadounidenses; son los intereses de las empresas nacionales y extranjeras los que obligan a servirles a los amos del norte. La temida invasión, no vendrá en un futuro, existe ya, y es la invasión del capital, promovida por los dueños del dinero que han sometido a nuestros pueblos a la explotación, el despojo y la represión. Parte del sometimiento a los intereses de los EE.UU. es la adopción en México, como en el resto de América Latina, de las políticas de combate a la delincuencia y al narcotráfico definidas en Washington, lo que algunos llaman la “Norteamericanización de la seguridad”. Desde los años ochenta, en los documentos de Santa Fe, o en acuerdos posteriores como el ASPAN o la Iniciativa Mérida, el narcotráfico ha sido definido, desde los EE.UU. como uno de los enemigos a combatir, y esto no es gratuito, se buscan, entre otras cosas, 1.- incentivar y participar del negocio de la droga y la guerra, 2.- profundizar el despojo de las riquezas naturales de pueblos y regiones enteras. El narcotráfico no es sólo una expresión delincuencial, es sobre todo una empresa capitalista, y cómo tal, busca aumentar a toda costa sus beneficios, sus ganancias. La particularidad de este negocio es que emplea medios ilegales en parte de sus procesos. El sentido común arroja en este caso uno de los elementos que benefician al negocio de la droga: su combate. El combate violento al narco permite aumentar las ganancias que se obtienen de la venta de droga, al hacer más difícil el proceso de producción y comercialización y aumentar con ello los costes de producción, pero también al mantener por medio de la violencia, los precios de monopolio; con todo ello los precios de mercado tienden a incrementarse. Las ganancias nacen de la guerra, de la violencia, ahí están las empresas de armamento para atestiguarlo. Por otro lado, el combate al narcotráfico ha sido la tapadera idónea para avanzar en el despojo de riquezas de pueblos y comunidades a lo largo del territorio nacional. Los grupos del narco suelen estar bajo las órdenes de jefes militares, políticos y empresas. La violencia permite romper el tejido social de las comunidades, el terror y el miedo que divide a la comunidad y obliga a cada quien actuar por su cuenta, facilita el robo de las riquezas colectivas y los bienes naturales. El “sálvese quien pueda” construido sobre el terror permite la intervención violenta de los aparatos estatales que bajo el pretexto de combatir a la delincuencia terminan rompiendo la resistencia contra megaproyectos carreteros, turísticos, mineros, inmobiliarios, agrícolas, etc. Lo anterior no significa que no haya alternativa, la hay, pero para bien o para mal no nacerá de arriba; del gobierno, incluido el de la 4T no vendrá la solución. La política de “abrazos no balazos” de la 4T mantiene la militarización, ahora con la Guardia Nacional, la lógica de combate a los llamados capos de la droga, y sigue olvidando aspectos fundamentales. Primero, acabar con el narco exige una política anticapitalista. Se trata de poner coto a uno de los sectores económicos que aportan flujos de capitales esenciales para el resto de la economía global, acabar con el lavado de dinero, expropiar empresas que provienen de inversiones delincuenciales, etc. serían pasos importantes. En segundo lugar, el asunto del poder popular es clave, resarcir el tejido social, empoderar a las comunidades y pueblos. Sólo pueblos organizados y fuertes pueden derrotar al narco y la violencia, los ejemplos están sobre la mesa, en la Ciudad de México las y los compañeros de la OPFVII mantienen la seguridad dentro de sus predios y comunidades, en Chiapas los pueblos zapatistas, o en Michoacán los pueblos de Cherán y Ostúla, donde las comunidades organizaron su propia policía comunitaria, han logrado mantener a raya al crimen, al mismo tiempo que defienden sus intereses y ponen límites al despojo a manos de empresas nacionales y extranjeras. La lucha por la vida, la paz y contra la inseguridad debe ser anticapitalista o no será.