Número 31, Año 6, abril, 2019
Independientemente de la religión que profeses, es necesario reflexionar en torno al por qué las iglesias deben o no tener acceso a las concesiones de canales de radio y televisión, pues las concesiones son permisos que se dan a terceros para ofrecer servicios utilizando bienes públicos. En este artículo proponemos algunos argumentos con la intensión de sacar la discusión del terreno “ateos contra creyentes”, pues consideramos que la oposición a las concesiones no tiene porqué estar vinculada exclusivamente a la fe. En el mes de marzo del año en curso, después de reunirse con la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas (CONFRATERNICE), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió la solicitud para que se formule una iniciativa de ley que permita otorgar concesiones de radio y televisión a las distintas iglesias que existen en el país. A los mexicanos se nos presenta esta situación como el encuentro oficial del presidente con su viejo amigo Arturo Farela (presidente de la CONFRATERNICE), con quien ya había tenido pláticas informales sobre cómo hacer para que las iglesias evangélicas apoyen y fortalezcan la “4T”. Los argumentos que esgrime el gobierno para defender su propuesta son: • Que la sociedad mexicana se beneficiará de la presencia de valores en medios, pues actualmente hay corrupción y violencia, mismas que, a través de esta estrategia comunicativa, disminuirán. Además, AMLO ha defendido su propuesta declarando que las iglesias promoverían la monogamia y el “respeto a la vida”. • Que la laicidad no es ateísmo, y que lo democrático sería dejar que todas las fes puedan utilizar los medios para difundir sus diversas posturas, en vez de impedir su presencia. • Que a través de estos canales las iglesias difundirían los distintos programas sociales del gobierno, lo que coadyuvaría en la transformación que el país. Ahora bien, nosotros notamos algunos problemas con los argumentos que se presentan, por ejemplo: • Más del 94% de la población profesa alguna religión (según el INEGI, en 2010 el 85% de la población era católica, el 10% pertenecía a alguna otra religión- sobre todo evangélicos y protestantes-, y solo el 5% no tenía religión). Es decir, las iglesias son eficaces en difundir sus valores religiosos, tengan o concesiones, sin embargo, no hay un correlato con la disminución de la violencia y la corrupción. Así, por estadística, es más probable que de aquellos ciudadanos que hayan incurrido en actos violentos o corruptos, la mayoría estén adscritos a alguna religión. Esto quiere decir que la falta de valores religiosos NO es un factor que explique el fenómeno de violencia que vivimos. Al contrario, la respuesta no se encuentra en el terreno de las ideas, si no en el de la materialidad, pues existe un negocio de ganancias estratosféricas que sostiene y financia la violencia: el capitalismo. La mayoría de las personas que cometen crímenes violentos tienen claro que lo que están haciendo es incorrecto, moralmente cuestionable y que atenta contra los valores que sus familias o su fe les enseñaron. Sin embargo, incurren en delito porque de esta manera pueden ganarse la vida. • No todas las iglesias comulgan con la monogamia y el respeto a la vida. Además de quienes defendemos el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo desde el ateísmo, también hay iglesias que defienden la poligamia y el exterminio de personas que no comulguen con su fe. Al ser cristiano, #Amlo imagina las concesiones exclusivamente para las religiones que le son afines, sin embargo, siguiendo el espíritu de sus declaraciones, lo democrático sería que todas las iglesias pudieran hacer llegar sus doctrinas al pueblo. Pero esto es materialmente imposible, sencillamente porque los canales no alcanzan. Cabe entonces preguntarse ¿a qué vincularan el ejercicio “democrático” con el que decidirán a qué iglesias concesionar? ¿A las relaciones de poder preexistentes, al dinero que estén dispuestas a pagar o a las ideas que difundan? Ante recursos limitados resulta imposible que no opere un mecanismo de exclusión. • Resulta difícil no leer la intención de dar acceso al presupuesto destinado a publicidad oficial a las iglesias cuando se habla de que, a través de sus futuras concesiones se promoverían los programas públicos de la #4T. Esto implicaría una entrada considerable de capital del Estado a las iglesias, regresando en el tiempo a la época en la que todo el pueblo sostenía a una institución religiosa. • Más allá de cómo se plantea la discusión, y de que consideramos que es verdad que hay que defender y respetar la libertad de culto, pensamos que es importante no olvidar que si bien cada religión es una filosofía, una forma de entender el mundo y el rol que los humanos y sus relaciones juegan, las iglesias, por otro lado, son instituciones que, como cualquier organización de la sociedad, tienen una división interna de trabajo y se hacen de recursos para ejecutar sus propósitos. Varias iglesias generan ganancias y éstas, además de no ser nada despreciables, las insertan en relaciones de poder. Distinguir entre iglesias y religiones es importante en esta discusión. Pues es por todos sabido que existen programas de radio y televisión que expresan ideas religiosas, que adoctrinan y promueven la fe, en ese sentido no habría un cambio radical en los contenidos que se pueden consumir a través de estos medios. Donde habría un cambio sustancial es en quién se queda con las ganancias y que hace con ellas. • Aprender sobre una o varias religiones puede ser enriquecedor. Ser creyente puede acercarte, en efecto, a valores humanistas que puestos en práctica pueden ayudar en la construcción de una sociedad libre de violencia y corrupción. Sin embargo, al ser doctrinas promovidas por instituciones que no demandan crítica o reflexión sino obediencia por parte de sus feligreses, las iglesias se constituyen como poderes que correlacionan con otros en la disputa por recursos económicos. Por eso decimos que la discusión no es si crees o no en una religión, sino si estamos de acuerdo o no en permitir que se empoderen con recursos públicos instituciones con las que podemos o no coincidir ideológicamente.