Número 35, Año 6, septiembre, 2019
El 26 de septiembre se cumplen cinco años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero. También se cumplen cinco años de injusticias, de “históricas” mentiras, de múltiples fallas en las investigaciones para hallar a los responsables, de colusión entre las instancias de gobierno y el llamado “crimen organizado”, y sobre todo, cinco años de incertidumbre para 43 padres y madres que siguen sin saber dónde están sus hijos. En 2014, Ayotzinapa puso en evidencia una realidad que más de un gobierno se ha empeñado en ocultar, lo que algunos han llamado narcoestado, es decir, la relación entre grupos legales (el gobierno, el Estado) e ilegales, (cárteles, grupos armados, etc.), ya no deja lugar a dudas. En 2019, Ayotzinapa sigue siendo un golpe duro contra los padres y madres de 43 estudiantes normalistas, futuros maestros rurales; y contra el pueblo, pues a cinco años de lo ocurrido, no existen avances signi cativos que permitan esclarecer el caso, ejercer justicia y cumplir con la demanda que inundó las calles de México y de muchos lugares del mundo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!. Hoy, cinco años después, la cadena de injusticias no cesa; el pasado 15 de septiembre, previo a los festejos para conmemorar un año más de la independencia de México, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ramos Ventura, dictó auto de libertad a 24 inculpados por el caso Ayotzinapa, y unos días antes, el 2 de septiembre, se dictó libertad a Gildardo López Astudillo, “EL Gil”, integrante de "Guerreros Unidos", a quien se ha señalado de tener un papel central en la desaparición de los 43 estudiantes la madrugada del 26 de septiembre de 2014. Pero eso no es todo, en días recientes, el subsecretario de gobierno y encargado de la Comisión por la verdad y acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, declaró que la información que se posee sobre el proceso tiene múltiples fallas y carencias, razón por la cual es insu ciente para esclarecer el caso, por lo tanto, se “reiniciaran” las investigaciones y se presentarán los recursos y diligencias correspondientes para responsabilizar a Jesús Murillo Karam, Tomás Zarón y José Antonio Pérez Carro, por las omisiones y fallas en los procesos de investigación. Hace un par de semanas, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, así como organizaciones sociales y de derechos humanos les que acompañan, se reunieron con el presidente del país para establecer cuáles serán los pasos a seguir para alcanzar la justicia. Los acuerdos fueron breves y una vez más se quedaron en la generalidad: se harán reuniones en noviembre y diciembre para realizar un balance sobre la información obtenida hasta el momento sobre el caso Ayotzinapa. ¿Qué signi ca esto? Si bien son ciertas las fallas en la investigación y en los procesos de impartición de justicia para el caso Ayotzinapa, la responsabilidad de Murillo Karam y de muchos otros funcionarios, no es algo que no supiéramos; hoy no nos pueden decir que esto signi ca un avance, cómo tampoco lo es reiniciar una investigación porque la anterior estaba mal hecha, eso claro que es una necesidad pero no un avance, no mientras los implicados sean puestos en libertad, no mientras las reuniones sigan siendo para analizar si los datos son ciertos y no sobre acciones concretas para buscar a los estudiantes, y sobre todo, no mientras sigamos sin saber dónde están los 43. Desde 2014, la tenaz resistencia de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa de la mano de las múltiples iniciativas y movilizaciones de individuos y organizaciones solidarias, han sido la base para defender la verdad y poco a poco construir esa justicia tan necesaria en un país que es por entero una fosa y que se ha convertido en la más grande de América Latina. Ayotzinapa nos recuerda que hoy se hace indispensable insistir en construir verdaderos procesos de justicia más allá de los que marca la burocracia; la desaparición de 43 estudiantes de los cuales no ha sido posible establecer un rastro preciso nos recuerda que en México, la legalidad y la ilegalidad son las dos caras de una misma moneda: el Estado. Por ello, consideramos necesario y urgente salir a las calles, levantar las consignas, señalar al Estado y a todos aquellos con nombre y apellido propio que han sido partícipes y que han facilitado los procesos de desaparición forzada en México desde la guerra sucia. Sabemos que la verdad y la justicia no podemos esperarlas de este Estado que señalamos, hay que construirla a través de procesos de organización colectivos, desde abajo y con los de abajo. ¡Por la Justicia, hasta alcanzarla; por los 43, hasta encontrarlos! ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Actualmente, México se encuentra entre los primeros países con un alto índice de violencia a nivel mundial, según datos del Instituto Nacional de Geografía (INEGI), 2017 fue el año más violento del país con más de 29, 000 asesinatos registrados, la gran mayoría de ellos perpetrados por armas de fuego, asimismo, según los informes presentados en 2018, el impacto económico de la violencia durante 2017 fue 8 veces mayor que la inversión pública en salud. A este escenario habría que sumar la declaratoria de alerta de género en 17 estados del país; la lista la encabeza el Estado de México, seguido de Veracruz y Quintana Roo. Al respecto, la diputada de Veracruz, Miriam Ferráez Centeno, propuso un “toque de queda” para evitar que las mujeres sufran algún tipo de violencia en las calles, es decir, no se pretende solucionar la violencia sino evadirla con propuestas que más allá de lo absurdo, parecen partir del miedo y desconsideran que es muchas veces el hogar, uno de los sitios más inseguros para las mujeres y las niñas en general. El miedo
En días pasados, en distintos medios y redes sociales una nota captó la atención, en los primeros días se registró un aumento en intentos de secuestro de mujeres jóvenes dentro y fuera de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la CDMX. La nota no es nueva, desde finales de 2018, se realizaron algunas denuncias vía redes sociales alertando sobre un “nuevo” modus operandi para secuestrar mujeres. Lo significativo de estas denuncias y que a diversas personas ha puesto a especular es lo fallido de la acción perpetrada, ¿será que nos quieren meter miedo?, ¿será que quieren desestabilizar al nuevo gobierno?.
Según el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México ocupa el primer lugar del país en el delito de trata de personas y le sexto lugar en incidencia de feminicidios, con un reporte de 41 casos registrados el año pasado, esta instancia señala que las demarcaciones Gustavo A. Madero y Tlalpan son los lugares donde se reportó el mayor numero de feminicidios, seguidas de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Tláhuac y Xochimilco.
La respuesta de las autoridades, como siempre sucede en estos casos, se ha quedado en lo superficial: aumento de cuerpos policiacos al interior del metro, establecimiento de puntos de vigilancia, líneas telefónicas de auxilio, y un “rotundo rechazo a la violencia de género”.
A la par, los medios se han encargado de generar un temor colectivo, cuyo objetivo son en primer lugar las mujeres, en segundo, la sociedad en general y en ningún momento aquellos que se encargan de generar y perpetuar esta violencia; el bombardeo de casos fallidos de secuestro o de desapariciones o de feminicidios, más que un acto informativo se convierte en una forma más de ejercer un fuerte violencia en contra de las mujeres por el simpe hecho de ser mujer, joven, trabajadora, estudiante, etc.
Frente a esta estrategia de terror las consignas no se hicieron esperar, la noche del pasado 2 de febrero cientos de mujeres salieron a tomar las calles en protesta por el incremento de la violencia y sobre todo, en respuesta a propuestas como las de la diputada de Veracruz; al día siguiente, otra marcha organizada por mujeres vía redes sociales, tomó una de las principales vías de la CDMX para exigir seguridad y justicia para las víctimas de la violencia en cualquiera de sus formas.
Frente al miedo, ha surgido la solidaridad; frente a la violencia del capital, sólo la organización nos permitirá responder de manera contundente a las múltiples formas de desprecio que éste ejerce en contra de quienes lo denunciamos y lo combatimos.
¡Si no quieren que salgamos, vamos a salir! ¡Si quieren que nos callemos, gritaremos más fuerte!