Este no es un bailecito, es una lucha de clases...
Número 52, Año 8, mayo 2021
La lógica que rige el juego de la oferta y la demanda electoral rumbo al 6 de junio tiene como base una serie de enunciados parciales que es necesario analizar, al menos, en sus rasgos generales. El primero de ellos es que el eje político en torno al cual gira la lucha electoral está en la contienda entre Morena y sus aliados (Partido Verde y Partido del Trabajo) contra la “oposición”, compuesta por los partidos Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PRI-PAN-PRD). Esto es cierto en lo general, sin entrar, por ahora, a las particularidades y múltiples matices que impone la compleja cartografía social y política del país a nivel local y regional. En medio quedaría un conjunto de pequeños partidos (Movimiento Ciudadano, Fuerza México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario), que actúan según tengan mayores posibilidades de sobrevivir mediante acuerdos y alianzas con una u otra de las principales fuerzas políticas.
En efecto, la contienda central tiene lugar entre la coalición encabezada por Morena y la alianza PRI-PAN-PRD, en particular, por la representación en las cámaras de diputados y senadores. Pero, además del número de curules para cada partido, ¿qué es lo que está en disputa? Lo que se pelea, en los enunciados, es “el futuro” o “el retroceso” del país. La cosa depende del cristal con que se mire. Desde la perspectiva de Morena y sus aliados, perder la mayoría actual en el poder legislativo significaría una “vuelta al pasado”. La eventual conformación de una mayoría parlamentaria de “oposición” impondría, en este sentido, un límite a la 4T y su programa de reformas durante los siguientes tres años, mientras que, desde la óptica de PRI- PAN- PRD, arrebatarle la mayoría a Morena significaría “detener el retroceso” provocado, precisamente, por las reformas de Morena.
En el fondo, se trata del mismo discurso y los mismos argumentos, pronunciados desde posiciones que sólo a primera vista parecen irreconciliables. Sin embargo, incluso la revisión más superficial sobre la actuación de las distintas fracciones parlamentarias en la pasada legislatura nos indica que, en realidad, no hay gran diferencia entre Morena y la “oposición” cuando se trata de legislar en contra del pueblo.
Muestra de ello es, por ejemplo, el acuerdo que generó la Reforma Laboral de 2019, una reforma que, lejos de favorecer la democracia y la independencia sindical, ha servido para mantener en pie y renovar el funcionamiento del viejo aparato de control corporativo, que permite la intervención directa del Estado en la vida sindical, implica severas limitaciones al derecho de huelga, abre las puertas a la conciliación obligatoria, favorece ampliamente a los patrones al ponerlos en igualdad de condiciones con los trabajadores y, por la vía de los hechos, mina la base de los sindicatos. Una reforma, por último, que fue aprobada para dar cumplimiento al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) –no a las demandas de las y los trabajadores– y que guarda muy amplias similitudes con la que Enrique Peña Nieto intentó aprobar en 2016 para firmar, en ese entonces, el Tratado Trans-Pacífico.
Desde luego, ha habido iniciativas en las que Morena y sus aliados se bastan solos para hacer efectiva la voluntad de los grupos dominantes, de los grandes capitalistas a los que representan, aprobando decretos para reformar, por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones e imponer la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuyo objetivo es ejercer un control aún mayor sobre la población. En estos casos, la “oposición” se ha limitado a “condenar enérgicamente”, a amenazar con juicios y amparos y toda clase de recursos legales, a hacer declaraciones en los medios, etc., porque no puede hacer otra cosa por debilidad y por principio. Más allá del escándalo se trata, en última instancia, de una “oposición” incapaz, reducida al ámbito mediático, que actualmente carece de fuerza para enfrentar de manera efectiva al gobierno, pero que además comparte intereses con él. Basta señalar, por ejemplo, que el artífice de la iniciativa para obligar a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos biométricos aprobada hace unos meses por Morena, Sóstenes Díaz González, ocupa el cargo de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones desde abril de 2018 a propuesta de Enrique Peña Nieto. En ese entonces, el nombramiento del comisionado Sóstenes fue ratificado por una mayoría de senadores priistas y panistas.
Morena busca presentarse, desesperadamente, como una fuerza de izquierda que acabó con el neoliberalismo y que está del lado de los pobres y del pueblo, en “oposición” a una derecha formada por panistas, priistas y perredistas, corruptos y neoliberales, que defienden a ricos y empresarios. Sin negar que entre las clases explotadas existen amplios sectores que se identifican y se sienten representados por Morena –del mismo modo que en décadas anteriores millones de explotados se identificaban con el PRI–, y sin negar tampoco que, en efecto, la coalición PRI-PAN-PRD defiende a los sectores más viles de la burguesía mexicana, lo cierto es que el proyecto del partido en el poder no difiere sustancialmente del paradigma neoliberal con el que dice romper, ni en sus premisas ni en sus formas de hacer política.
A medida que avanzan los grandes proyectos del sexenio, como el Corredor Transístmico y el Tren Maya, el proyecto morenista enseña su verdadero rostro y la “oposición” de los otros partidos desaparece. El discurso que hoy pronuncia López Obrador para impulsar estos proyectos, y con ellos la agenda económica del grupo hegemónico (si usted se pregunta quién forma ese grupo, revise la lista de invitados que viajó con AMLO a firmar el TMEC en 2019), es el mismo que escuchamos una y otra vez “en tiempos del neoliberalismo”: la construcción va a traer progreso a la región, la inversión va a generar millones de empleos, no vamos a contaminar ni a destruir la naturaleza, etc. A pesar de ello, las comunidades y pueblos afectados denuncian todos los días las trampas, engaños y mentiras de las “consultas” con las que se pretende validar dichos proyectos.
Esa oposición que surge de abajo, del pueblo trabajador que siente en carne viva el despojo, la explotación, el desprecio, la violencia que alimenta el capitalismo, no “existe” para López Obrador ni su partido, al menos en el discurso. Sin embargo, la presencia de la Guardia Nacional y de otras fuerzas represivas, policiacas y paramilitares; las reformas al código penal para “prevenir” posibles “ataques a las vías de comunicación”, nos indican que el Estado mexicano sabe que existe la oposición desde abajo y que toma las medidas necesarias para detenerla, es decir, para reprimirla. Cuando la oposición de abajo se manifiesta de manera abierta, los políticos de Morena y sus propagandistas más dogmáticos –los fisgones y los Hernández, los ackerman, los salmerones, fabricios y pedromigueles– cierran filas y se apresuran a descalificarla. Para ello cuentan con dos adjetivos favoritos: infiltrados y manipulados, más una explicación genérica: “no entienden”. Lo que hay que entender es que arriba no hay nada más que traición y muerte, y que la única esperanza que tiene el pueblo trabajador para mejorar sus condiciones de vida es la organización y la lucha, la construcción de poder popular.
A una semana del 6 de junio, podemos decir que el mercado electoral goza de buena salud. La sobreoferta de promesas, amenazas y ridículos actos de campaña; el despilfarro millonario de toda clase de basura auditiva y visual con la que candidatos y candidatas pretenden obtener el voto; los deslumbrantes y, en apariencia, incontrovertibles datos de miles de encuestas; las declaraciones encendidas, las denuncias, las “filtraciones” de videos y audios; la “lucha” en los tribunales; la generosa participación de figuras del deporte y la televisión en la “contienda”, más un largo etcétera, nos indican que la democracia en México está plenamente consolidada. Al menos, la democracia tal como la entienden las clases dominantes, los empresarios y los políticos que están a su servicio.
Las ofertas genuinamente populares que pretenden competir en el mercado de las elecciones son minoritarias y, por regla general, terminan disolviéndose en el pragmatismo y la falta de escrúpulos que caracterizan, sin excepción, a los partidos electorales. Tanto que la izquierda de Morena termina llamando a votar por Clara Luz, exintegrante de la secta sexual y supremacista Nexium, para que no gane “la derecha” representada por el nuevo ícono de la superficialidad y la podredumbre política, Samuel García. No hay que olvidar, además a los candidatos acribillados, secuestrados o levantados. Esta es una de las múltiples formas en las que se expresa el recrudecimiento de la violencia que ha traído consigo la militarización del país con el pretexto del “combate” al crimen organizado, política que inauguró formalmente Felipe Calderón y que López Obrador mantiene con brío renovado.
Así es como el país llega a “las elecciones más grandes de su historia”. Acá abajo decimos que la elección más grande la va a hacer el pueblo organizado, y esa aún está por venir.