Número 27, Año 5, agosto - septiembre, 2018
No es nuevo para usted querid@ lector@ pensar en la militarización del país. Eso porque llevamos ya poco más de diez años bajo una lógica de guerra, con las fuerzas armadas en las calles bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico que ya nadie toma por cierta, sufriendo los atropellos y las vejaciones por parte del ejército en lo que más bien constituye una guerra contra el pueblo. Con acierto nos hemos alarmado por los peligros que representa la Ley de Seguridad Interior (LSI) para dar carta abierta a la militarización del país, al legalizar lo que ya es un hecho. Preocupa con sobrada razón, que esta ley daría lugar al uso discrecional por parte del poder Ejecutivo de las fuerzas armadas para reprimir cualquier expresión de disidencia considerada un peligro para la seguridad nacional. Este uso discrecional del ejército no es nuevo: al menos desde la creación del cuerpo de guardias presidenciales en la década de 1940 y el uso del ejército desde la década de 1950 para reprimir a las luchas populares y los movimientos sociales, como el movimiento estudiantil-popular de 1968.
Aunque la LSI es una forma grave de militarizar el país junto con la discrecionalidad del binomio ejército-presidencia, vale la pena preguntarse ¿de qué otras maneras se puede militarizar a la población lentamente? Durante las campañas electorales, en los medios masivos de comunicación, se calificaba como irrealizables, y de hecho como disparates, a las propuestas del Bronco, tal es el caso de su propuesta de crear escuelas militarizadas, sobre lo cuál acentuó que ya existía experiencia en el país, pero nadie pareció siquiera alarmarse con ello, pues la mochada de manos ocupó mayor atención. Las escuelas son un lugar estratégico para la reproducción de la ideología de las clases dominantes, así como para promover sus valores y construir sujetos funcionales a la lógica del Estado, las clases dominantes y la lógica de acumulación del capitalismo. Durante los años más agresivos y duros de las dictaduras militares en América Latina, la militarización de la educación fue uno de los pilares en que reposó la penetración del autoritarismo y la normalización de la opresión.
Y así, algo que parece irrealizable ya se encuentra en ejecución como parte de un programa federal, lo que resulta sumamente preocupante debido a la influencia que puede tener en la educación impartida por el Estado en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) implementa desde hace algunos años, en acuerdo con el presidente de la República, un modelo educativo militarizado impuesto en diversos Estados de la República. Comenzó en 2015 en Chiapas y Coahuila, para luego impulsarse con fuerza a partir de 2016 en Nuevo León, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato y Tamaulipas. Desde al año pasado comenzó a extenderse a Sinaloa y Veracruz. En todos los estados se ha avanzado de manera diferencial, iniciando con planes piloto que se van ampliando. Aunque los estados financian con terrenos y todos los insumos, la dirección recae fundamentalmente en la SEDENA, aunque en apariencia sean la subdirección de los planteles. Cabe señalar que dicho proyecto no parece haberse discutido en ninguna de las cámaras del Congreso y parece tener un carácter más discrecional y aplicado de manera fragmentaria en los Estados que opera para luego extenderse. Parece haber sido un convenio exclusivo entre la SEDENA y el Ejecutivo.
Vale la pena echar una mirada a un proceso que nadie parece haber visto aún y que muestra la lógica descrita. Si para echar a andar un proyecto así se requiere cierta anticipación, al menos desde 2014 debieron haber iniciado preparativos para que en 2015 Chiapas fuese el primer experimento en el que la SEDENA y el gobierno estatal impulsaron la preparatoria militarizada “Ángel Albino Corzo” con una inversión de 85 millones de pesos. En el mismo se proyectó construir una preparatoria militarizada en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, en un terreno donado por el estado con una inversión de entre 6 y 10 millones de pesos. Sin embargo, el proceso se demoró hasta agosto de 2017, cuando inició en Piedras Negras, Coahuila un bachillerato tecnológico militarizado –el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) “Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl Corona”-, y su edificio se construyó frente al cuartel militar local. Desde su implementación, se ha utilizado como un modelo que desde 2017 se ha extendido por convenios entre dicho colegio y los funcionarios de Sinaloa. Así se hace aparecer como espontánea la diseminación de un proyecto general previamente acordado y del cuál no parecen tener conocimiento ni los gobernadores.
A lo largo de 2016 la SEDENA realizó de manera paralela exploraciones y acuerdos diferenciados con gobiernos en el norte, centro y sureste del país, extendiéndose en 2017 e implementándose en este año. En el caso de Nuevo León, después de tener conocimiento del convenio SEDENA-Presidencia en 2016, a lo largo de 2017 se implementaron dos Colegios de Bachilleres militarizados en Monterrey, impulsados por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” en vinculación con la 4ª región y la 7ª zona militar y a principios de este año se declaró que se destinarían 150 millones de pesos para construir tres planteles más, paradójicamente justificado bajo uno de los ejes centrales de un “gobierno ciudadano”. La promoción de dichas experiencias en las campañas electorales para medir las reacciones son ya conocidas por usted querid@ lector@. A lo largo de 2016 la SEDENA realizó una serie de visitas a diversas escuelas en Tamaulipas para verificar dónde implementar un programa piloto que diera lugar a la extensión de los bachilleratos militarizados. Sin embargo, hasta este 2018 se echó a andar con una inversión de 45 millones de pesos en la escuela “Unidad y Progreso” de Reynosa con vinculación con la 8ª Zona Militar. En Baja California, a petición de la SEDENA al gobierno estatal, luego de un año de preparación del proceso, inició en 2017 un programa piloto en el Colegio de Bachilleres extensión Rubén Vizcaíno antes de la construcción de su plantel definitivo. En agosto de 2018 inició el modelo militarizado en Cobach en Tijuana en una escuela donada por el gobierno estatal. Para el efecto se destinaron 4 millones 790 mil pesos aportados por la Federación y una cantidad similar que entregó el gobierno de Baja California. En ese 2017 también se implementó la primera experiencia en Guanajuato, donde la intención ha sido tener presencia en León, Irapuato y Celaya. En Irapuato se inauguró el Centro Tecnológico de Aguas Continentales II (CETAC), como resultado de la vinculación de la 12ª Región Militar y la Secretaría de Educación de Guanajuato, y el segundo plantel será el CETAC de Purísima del Rincón. Finalmente, entre agosto y octubre de 2017 inició el plantel militar en el Centro de Educación Técnica del Mar (CETMAR), bajo el mismo modelo y con vinculación con la 24 zona militar, en Quintana Roo.
El proyecto se justifica como una solución a la demanda de acceso a la educación y por brindar oportunidades para estudiar el bachillerato. No parece ser el único objetivo la solución del acceso a la educación media superior, porque para eso no se precisa la militarización, ni mucho menos la creación de perfiles idóneos para el ingreso a las escuelas militares especializadas, como se ha llegado a difundir, pues para eso la SEDENA tiene sus propios mecanismos. El problema, se nos dice, es el de los jóvenes rebeldes e indisciplinados. La tesis detrás de estos bachilleratos es que la solución al problema de los jóvenes está en dominar sus cuerpos, disciplinarnos militarmente. De lo que se trata nos repiten, es dominar sus cuerpos y mentes. El riesgo detrás, desde luego, es la reproducción del autoritarismo y el patriarcado en el seno de las familias, con sujetos dóciles y acríticos, dispuestos a seguir y hacer seguir órdenes. La pregunta es entonces ¿cuál es su sentido?
Estos colegios ni siquiera se justifican pedagógicamente, pues el programa de estudios es el de cualquier bachillerato general. Apenas se amparan retóricamente en modelos conductistas y constructivistas, sin clarificar su relación con los métodos de enseñanza y aprendizaje. El condicionamiento queda reducido, en los hechos, al terreno de la instrucción militar –manejo de armas, educación física y algo que abstractamente se denomina “liderazgo” y “valores”–, así como en su vinculación con la formación técnica en carreras técnicas como máquinas y herramientas, mecatrónica, “plataformas, programas, certificaciones, sistemas de calidad, logística, manufactura esbelta, sistemas de automatización -como la industria 4.0- o la parte de robotización de procesos”. En ello no hay detrás una concepción sobre la formación técnica o el desarrollo tecnológico e industrial del país. Eso entonces se traduce en una fuerza de trabajo técnica domesticada. Lo que finalmente está detrás de ese proceso es la formación acrítica en el seguimiento de órdenes, sin cuestionar, en la formación de personalidades autoritarias que tarde o temprano llevarán ese comportamiento a sus familias y se encarnarán en el cuerpo social.
La solución al problema de la educación no se encuentra en el terreno militar y de manera oculta. De lo que se trata es de la construcción de más escuelas sin privatización o lucro con la educación y de mayor presupuesto, así como de la eliminación de los filtros excluyentes, garantizando una formación integral y humanística, con un proyecto que responda a las necesidades nacionales y regionales. Pero eso hoy no es una realidad en nuestro país y para garantizarlo tenemos que organizarnos para construir y luchar por esa educación que nos merecemos y que hoy día se nos quiere arrebatar e imponer autoritariamente. Entonces, ya sabe usted lo que nos toca.