Número 27, Año 5, agosto - septiembre, 2018
En las últimas décadas la clase trabajadora de nuestro país ha sufrido golpes muy importantes a los derechos adquiridos históricamente. Incluso, podríamos decir que hay una guerra que se manifiesta en las reformas estructurales, producto de las políticas estatales que buscan seguir modelando una economía al servicio del capital. Una de ellas, que sin duda ha puesto en un hilo el futuro de los trabajadores asalariados, es el tema de las pensiones.
Los sistemas públicos de pensiones han sido una conquista de los trabajadores para garantizar una vida digna una vez que termina su vida laboral activa, basados en regímenes financieros de reparto, cuya finalidad es distribuir la carga financiera y socializar los riesgos entre generaciones. Así, un principio fundamental de estos antiguos regímenes de pensiones era el de la solidaridad. El fondo de pensiones estaba construido con las aportaciones (cotizaciones) de millones de trabajadores que eran manejadas por el IMSS y el ISSSTE y que, aparte de garantizar los servicios a los derechohabientes de ambos institutos, sirvieron para construir escuelas, vivienda, etc. Estos fondos construidos entre varias generaciones de trabajadores eran los que garantizarían las pensiones dignas para los jubilados.
Esta es una realidad que gradualmente ha cambiado hasta llegar a un modelo de cuentas individuales que son administradas por organismos privados: las Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORES, cuyos riesgos financieros pasan de ser colectivos a netamente individuales. Se trata sólo de ahorro y no propiamente de pensiones. El principal argumento para las reformas en este sentido es la “insostenibilidad” del sistema de pensiones para el gobierno, pero ¿qué pasó con los miles de millones de pesos ahorrados por las generaciones de trabajadores? ¿Por qué no se garantiza la vejez digna para aquellos que contribuyeron al desarrollo de este país?
La respuesta puede ser simple pero es estructural, los fondos de los trabajadores no se utilizaron para garantizar el desarrollo productivo nacional y así garantizar empleos a la población, por el contrario, se utilizaron para pagar la deuda pública y para alimentar una tremenda red de corrupción política que ha saqueado y se ha enriquecido con los fondos de los trabajadores. Aunado a ello, la política de precarización laboral en México no garantiza ningún derecho en seguridad social y por lo tanto se trata de empleos informales que no cotizan ante el IMSS o ISSSTE y adelgazan de manera brutal el sistema de seguridad social, es un círculo vicioso. Mediante las reformas al sistema de pensiones y la precarización laboral, los patrones han quedado completamente exentos de cualquier responsabilidad frente a las y los trabajadores.
Ya desde los años 80 se hablaba de que el problema de las crisis económicas en México era la falta de ahorro interno para financiar la inversión y estimular la actividad económica. Se decía también que el problema era la financiación de la economía interna y que se tenía que poner atención a aquellas trabas que significaban grandes gastos estatales: salud, educación y pensiones. Fue por ello que se volteó a ver al fondo de pensiones como un fondo que podía capitalizarse mediante organismos de administración privada, con el pretexto de hacerlo autosustentable y que los ahorros internos sirvieran para invertir en el desarrollo nacional para la creación masiva de empleo. Así fue que en 1992 Carlos Salinas de Gortari, creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), como una reforma de pensiones mixta donde uno de los pilares era la capitalización individual, pero se trataba de un sistema complementario al régimen de reparto solidario. La creación del SAR significó abrir la puerta a la posibilidad de los sistemas de cuentas individuales y con ello a la privatización paulatina del sistema.
En 1995-1997 se llevó a cabo la primera gran reforma que concretaría el paso a la privatización mediante la Ley del IMSS, la cual cambió el sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado, para 2007 se reformaría el sistema de pensiones del sector público. Ambas reformas operaron en el mismo sentido: la creación de sistemas de capitalización individual cuyos recursos son administrados por AFORES -que son sociedades anónimas de capital variable con fines de lucro-, y que son invertidos a través de sociedades de inversión.
Estas reformas han traído consecuencias bastante negativas, ya que los raquíticos salarios de los trabajadores mexicanos no permiten una capacidad de ahorro para garantizar una pensión digna. Bajo este esquema, la mayor parte de los trabajadores que en los próximos años lleguen a edad de pensionarse sólo podrán tener la pensión mínima, que en el caso de quienes se ocupan en el sector privado será de un salario mínimo al mes, y estarán condenados a vivir en la pobreza. Además, la administración de los fondos de pensiones es muy costosa para los trabajadores, pues se pagan altas comisiones por el manejo de sus cuentas individuales.
Mientras esto ocurre a la clase trabajadora, vamos observando que las mayores beneficiarias de las reformas son las AFORES, es decir, los dueños de los organismos privados que capitalizan los fondos de los trabajadores, que especulan y acumulan el capital a costa del ahorro de todos los trabajadores. Las reformas a los sistemas de pensiones no han mostrado interés en garantizar una vejez digna a los trabajadores que contribuyeron al desarrollo productivo del país, pues debido a los requisitos rígidos para obtener una pensión, sólo 4 de cada 10 miembros de la población económicamente activa aporta al SAR y podrá considerar una pensión, mientras que la mayor parte (60%), que no aporta, no cumplirá con los requisitos para obtener una pensión digna.
El problema del futuro de las pensiones está relacionado directamente con la política laboral; el aumento del empleo informal y la precarización laboral son también eslabones que debemos considerar en el problema, pues una política de aumento de empleos formales con salarios que permitieran acrecentar los fondos para pensiones sería una alternativa para las pensiones futuras, sin embargo, en el esquema actual no lo es ni lo será, a menos que la organización de los trabajadores y los no trabajadores empujen a una política en este sentido.
Las crisis económicas por las que atraviesa México desde los años 80 se han tratado de resarcir salvaguardando los intereses económicos del capital privado antes que garantizar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Cada una de las reformas al régimen de pensiones obedece a una respuesta a la crisis económica. La crisis siempre la pagan los trabajadores. Por ello es necesario que los trabajadores seamos quienes hagamos frente, mediante la organización, a un panorama que se torna más negro cada vez y que hace muy incierto nuestro futuro al concluir nuestra vida laboral. Es importante defender lo que es nuestro y es necesario organizarnos para que el panorama laboral en este país se transforme.