Número 48, Año 7, diciembre 2020.
I
Este diciembre, antes de terminar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó, a propuesta de la Presidencia, una serie de modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional con las que se busca regular la presencia en territorio nacional de los agentes extranjeros.
Estas modificaciones añaden la definición de “agentes extranjeros”; crean algunos “órganos auxiliares” encargados de gestionar y atender los convenios y programas de cooperación internacional en materia de seguridad; norman las obligaciones de los funcionarios mexicanos respecto a su relación con los agentes extranjeros; y establecen los lineamientos que deberán observar estos últimos en sus labores en territorio nacional, a saber: acreditarse ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, informar mensualmente al gobierno mexicano sobre sus labores, no gozaran de inmunidad diplomática, no podrán realizar labores reservadas a las autoridades mexicanas, y en general deberán circunscribir su actuación a los marcos legales nacionales y a los convenios y acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad suscritos por el Estado mexicano.[1]
Cabe insistir que lo fundamental de las reformas propuestas desde la presidencia, convierten en ley lo que ya es parte del Acuerdo entre la entonces PGR y las Secretarias de Gobernación y de Relaciones Exteriores para regular las actividades de los agentes extranjeros publicado el 3 de julio de 1992. En dicho acuerdo, firmado durante el gobierno de Carlos Salinas, se establece, entre otras cosas, que la acreditación de los agentes extranjeros será ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y su registro en la Secretaria de Gobernación, asimismo se afirma que los agentes no tendrán ningún tipo de inmunidad [2] ante la comisión de delitos y que no podrán realizar tareas reservadas para las autoridades mexicanas, etc. En resumen, las reformas aprobadas por el Senado este 2020 son básicamente la transcripción del acuerdo de 1992.
Ante esto surgen algunas preguntas: ¿Por qué hay agentes extranjeros, en particular norteamericanos, en territorio nacional? ¿Esto mismo pasa en territorio estadounidense? ¿Por qué una reforma de la 4T es básicamente un copia y pega de un acuerdo firmado en el periodo neoliberal? ¿Qué pasará con los acuerdos de cooperación internacionales firmados con los EEUU en materia de seguridad? Etc.
II
Lograr respuestas serias y objetivas a estas y otras preguntas pasa por comprender en general la relación entre los EEUU y México, y en particular, las relaciones que se han establecido en términos de seguridad.
Las relaciones entre los dos países se desarrollan dentro de un sistema internacional marcado por desigualdades estructurales de origen histórico, una aguda polarización entre los estados-nación económicamente desarrollados y aquellos que han sufrido un desarrollo deformado; o dicho de otro modo, el desarrollo de unos ha estado sustentado en el subdesarrollo/pobreza de otros, el “éxito” de unos en el “fracaso” de otros, la riqueza de unos pocos países en la pobreza de la mayoría.
El sistema internacional en el que se dan las relaciones entre los EEUU y México, no es otro que el sistema capitalista imperialista. Cuyas características fundamentales, anunciadas ya hace bastantes años, se mantienen en lo fundamental: 1) surgimiento y desarrollo de las grandes corporaciones monopolistas que controlan ámbitos completos de la producción y comercialización en las más diversas áreas; 2) surgimiento, extensión y desarrollo del capital financiero global, con la consecuente centralidad y dominio de los grandes bancos e instituciones financieras nacionales y multinacionales; 3) Desarrollo de la exportación, ya no sólo de productos de todo tipo sino también de capitales, esto mediante los más diversos esquemas de inversión extranjera, créditos y comercialización de deuda a lo largo y ancho del globo; 4) formación de bloques regionales de largo alcance, centralizados por algunas potencias globales, que participan de la repartición y/o disputa por los territorios, los recursos naturales y humanos alrededor del planeta, etc. [3]
III
La realidad del sistema imperialista es la que nunca debe dejarse de lado a la hora de analizar las relaciones entre nuestro país y el vecino del norte, hacerlo simplemente lleva a nublar la vista ante una de las determinaciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Es por ello que la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional y todo lo que ello implica no puede ser analizada como una simple estrategia de combate contra las drogas, antes bien debe comprenderse que su presencia responde a la reproducción de la relación de dependencia y subordinación de nuestro país ante los intereses de los EEUU.
¿Cómo se concreta esta relación subordinada en la política de seguridad nacional? En términos muy sintéticos podríamos decir que la subordinación de nuestro país a la política de seguridad estadounidense se concreta en: 1) las concepciones y marcos teórico-ideológicos que sustentan los análisis de riesgos e identifican los principales enemigos o agentes que podrían atentar contra la seguridad, en el mismo sentido estos marcos determinan tanto la formación y capacitación de los mandos de las fuerzas armadas y de seguridad, como las orientaciones estratégicas de las instituciones; 2) la ayuda recibida desde los EEUU en materia de capacitación, apoyo técnico, materiales y equipo, colaboración en la obtención y gestión de información de inteligencia, así como respaldo en operaciones en el terreno; 3) todo lo anterior respaldado por leyes, normas, acuerdos y demás marcos regulatorios que construyen un entramado institucional que al tiempo que legaliza, reproduce la dominación y la subordinación.
Sobre el primer eje existen infinidad de documentos, leyes, acuerdos e instituciones en los que, desde las esferas del poder norteamericano, se establecen los lineamientos de la política de seguridad hemisférica definida desde los EEUU. Algunos de estos son:
Los documentos de Santa Fe de 1980, 1988 y 2000, en los ochenta la fundación del Centro Nacional contra el Terrorismo o la publicación de la Antidrug Abuse Act y la Andean Drug Strategy; en los noventa la Defense Planning Guidance, la National Security Strategy for a New Century, el Tratado Marco de Seguridad Democrática y el Mecanismo de evaluación multilateral; en los dos mil, aparte del ya mencionado Santa Fe IV, la Ley de Poderes sobre Emergencias, la Act Patriot, la creación del NorthCom y la reestructuración del Comando Sur, la definición de la National Strategy for Combating Terrorism, la Declaración sobre Seguridad de las Américas, la reactivación de la IV Flota, el Plan México o Iniciativa Mérida, el ASPAN, el Plan Colombia, etc. Son todos estos, documentos, leyes, acuerdos e instituciones que en su conjunto establecen una política general de seguridad hemisférica que por la vía de los hechos es la política de seguridad nacional, no de los países del continente, sino de los EEUU. La seguridad estadounidense en el centro de toda la estrategia de seguridad continental, así de claro.[4]
Con esta línea estratégica, cambiante en sus lineamientos tácticos a lo largo del tiempo, se ha buscado asegurar la subordinación de los países latinoamericanos, y México en particular, a los intereses del norte, al mismo tiempo que se definen enemigos a vencer, tácticas para combatirlos y mecanismos de cooperación que aseguran el uso, por parte de las instancias de seguridad estadounidenses, de las instituciones y capacidades de cada estado-nación, para lograr sus objetivos.
Algunos de los enemigos ubicados a lo largo del tiempo han sido, la amenaza comunista y la influencia de la entonces URSS, la competencia económica Europea, el terrorismo internacional, el narcotráfico, organizaciones guerrilleras, la migración, etc.[5] Asimismo se han establecido lineamientos para defender la concepción estadounidense de democracia y libre mercado como el modelo adecuado, y único válido, para el desarrollo social. En último término se ha tratado ayer y hoy de asegurar para los EEUU y las clases dominantes la posesión y el acceso a los recursos naturales, el dominio cultural e ideológico, la reserva estratégica que representan los enclaves industriales nacionales, el acceso y control de la fuerza de trabajo precarizada y flexible de América Latina, la estabilidad de los mercados de consumo y en general la paz o la guerra, según el caso, necesarias para los buenos negocios.
IV
Para el caso de México quizá sobren los ejemplos de la actuación de las fuerzas de seguridad estadounidense en nuestro territorio. Es por todos conocida la labor que han llevado a cabo agencias como la DEA en el seguimiento e incluso detención de capos del narcotráfico, pero también en el espionaje y labores de inteligencia coordinadas desde las oficinas de esta agencia en territorio mexicano, asimismo se supone la existencia de oficinas binacionales de cooperación que sirven de fachada a la presencia de agentes de otras tantas agencias norteamericanas. [6]
Como decíamos desde un inicio el intervencionismo estadounidense en materia de seguridad se concreta en sin fin de acuerdos, planes, normas, leyes, esquemas de operación, colaboración, capacitación, instrumentos de acción, etc. Una enumeración a vuelo de pájaro para el caso mexicano incluiría: El Plan México o Iniciativa Mérida, el ASPAN, el Proyecto Mesoamérica, el Acuerdo sobre Fronteras Inteligentes (Smart Border) entre EEUU y México, la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, el Plan de Acción para Combatir la Violencia Fronteriza y Mejorar la Seguridad Pública, la Operación Centinela, la Asociación Aduana Contra el Terrorismo, los Centros de Fusión e Inteligencia creados durante el gobierno de Calderón y EPN, la creación de las BOM (Bases de Operaciones Mixtas), la inclusión del terrorismo en su concepción estadounidense en el Código Penal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional, etc. Más recientemente la creación de la Guaria Nacional ha dotado de una legitimidad inusitada a la presencia de los militares en las calles, esos mismos militares cuyos jefes han sido formados en agencias e instituciones estadounidenses, lo mismo para desalojar plantones contra megaproyectos, que para reprimir protestas que luchan por el derecho al agua o para servir como patrulla fronteriza en el sureste del país, entre otras labores.
Es este contexto el que no hay que olvidar cuando se busca valorar las implicaciones de las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional.
V
Lo primero que habría que tener claro es que se trata de una reforma que, como ya hemos dicho, vuelve ley el contenido de un acuerdo firmado desde 1992, en el mismo sentido no se trata como se ha querido hacer creer, de una reforma que rompa con la subordinación hacia los EEUU. Todo el entramado legal, institucional e ideológico que hemos esbozado se mantiene. Sin embargo, es positivo que se avance en regular la intromisión de agentes extranjeros en territorio nacional, aunque no deja de ser terrible la misma presencia de estos, es decir, obligar a los agentes extranjeros a brindar información de sus operaciones, quitarles la inmunidad y negar la posibilidad de que ejecuten detenciones en territorio nacional, es un avance, pero no deja de ser insuficiente en el marco de una subordinación estructural.
Podríamos decir que se limita el accionar de los agentes extranjeros pero se olvida todo lo que los EEUU ya han construido y consolidado dentro de las estructuras e instituciones de seguridad nacional. Se limita al agente gringo que viene de fuera, pero se deja libre al agente gringo que ya ha anidado adentro.
Las reformas propuestas son lo mínimo necesario si el Estado mexicano reivindica para sí el monopolio de la fuerza en el territorio nacional. Por desgracia esto no sólo es insuficiente, sobre todo no apunta a los elementos que están en la base de la subordinación y la pérdida de soberanía: la dominación económica se mantiene de la mano del T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá), la subordinación geopolítica se afianza con los megaproyectos en el sureste (Tren Maya y Corredor Transístmico), la subordinación política seguirá desarrollándose siempre que desde México no se consoliden procesos de organización popular desde abajo, ya que son estos los que realmente harían posible la soberanía nacional. Seamos claros, allá arriba, sean gobierno u oposición a modo, no les interesa la soberanía, han sido y continúan siendo beneficiados por la dependencia económica, política y cultural de México. En asuntos de soberanía, como en tantos otros, la defensa de los intereses de la mayoría no está en reformas que mantienen lo fundamental intocado, sino en la organización independiente desde los múltiples rostros de abajo.
[1] Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201215-II.pdf [2] Al parecer los agentes extranjeros seguirán gozando de lo que desde el Derecho Internacional, en particular en la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, se llama “Inmunidad funcional”, esto es: “Reconocer que el personal consular acreditado no será sometido a las autoridades judiciales y administrativas de México por los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones consulares. Es decir, que si estos funcionarios –en el caso de los agentes extranjeros, aquellas establecidas en los instrumentos de colaboración bilateral- podrán ser sometidos a la justicia mexicana en apego al Derecho Internacional”, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201215-II.pdf
[3] Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo, ediciones varias.
[4] Rodríguez Rejas, M. José, La Norteamericanización de la seguridad en América Latina, Akal, México 2017.
[5] Aquí cabe insistir que la estrategia de seguridad norteamericana, a la cual México se encuentra subordinado, define, cuando así conviene, de manera muy ambigua al enemigo. “Es decir, la elasticidad de la concepción del enemigo es tal que puede aplicarse a un espectro muy heterogéneo de situaciones. Así la concepción de la amenaza representada por los ´espacios sin gobierno´ puede ser leída en relación con el narcotráfico o con aquellos territorios en los que tienen protagonismo ciertos movimientos sociales o existen gobiernos alternativos.” Rodríguez Rejas, op. cit., p. 268
[6] Rodríguez Ulloa, Un acercamiento regional a la Iniciativa Mérida, National Defense University, 2007. En 2017 la revista Contralínea documentó la presencia de elementos de más de una decena de agencias norteamericanas en territorio nacional, https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/03/26/mexico-en-manos-de-13-agencias-estadunidenses/