Número 25, Año 5, abril - mayo, 2018
En días recientes la Secretaria de Gobernación y la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, instancia que agrupa a las principales universidades del país –entre ellas la UNAM– firmaron un convenio denominado Marco de Concertación de Acciones para la Seguridad y la Prevención del Delito. En declaraciones tomadas tras la firma del convenio, el Secretario de Gobernación se refirió a éste como un instrumento jurídico valiosísimo y anunció “La Policía Federal perseguiría delincuentes dentro del campus central de la UNAM o algún otro si fuese necesario”.
La firma del convenio ocurre en un momento clave; el incremento de los incidentes violentos perpetrados en distintos campus universitarios y sus alrededores. Entre estos se cuentan el feminicidio de Lesvy; los disparos de arma de fuego en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ocurridos en enero; disparos contra estudiantes y la agresión con arma de fuego a una profesora en los alrededores de la FES Acatlán, a finales de febrero, y recientemente el asesinato de dos personas en las inmediaciones de la Facultad de contaduría y administración. La comunidad universitaria se siente agredida, vulnerable y harta de la violencia en sus espacios cotidianos.
Aunque el mismo Secretario Ejecutivo de la ANUIES se pronunció contra la entrada de la policía federal al campus, en las aulas, pasillos y espacios universitarios pareciera que el convenio despierta la simpatía de la mayoría de la comunidad de la UNAM, pues se considera que la medida servirá para reducir los niveles de violencia en los campus universitarios, creyendo en el principio: a más policía, menor violencia, a la entrada de la policía, seguirá la salida de la delincuencia organizada. Sin embargo, en una comunidad como la UNAM, que se precia de su capacidad crítica y reflexiva además de sus valores democráticos, se hace pertinente cuestionar los alcances de dicho convenio.
En primer lugar, habrá que recordar que las fuerzas policiacas en todos sus niveles y destacamentos han demostrado su inutilidad ¬–por no decir complicidad– en el combate a la violencia en el país; las cifras de impunidad y de violencia no dejan de incrementarse a pesar de un constante incremento de la presencia policiaca. No hace falta verlo todo al revés para notar que este país es un matadero en el que se ejecutan alrededor de 80 personas diariamente. Podemos pensar entonces que no es una cuestión de falta de eficacia o preparación, sino una política de seguridad que lejos de encaminarse a brindar protección y seguridad a la población está encaminada a incrementar el control social y administrar la crisis de violencia; además de ser una política que sostiene la necesidad de regular informalmente la compra-venta de sustancias ilícitas y extraer con ello parte de las ganancias, procurando que el narconegocio se desarrolle sin sobresaltos.
Además, ante la actuación específica de los cuerpos policiacos en el campus universitario, cabe preguntarse si el pretendido remedio no es más grave que el problema que se quiere atacar. Pues a pesar de la retórica insostenible del respeto a los derechos humanos y la correcta actuación de la policía, en la memoria reciente de muchos está la madriza propinada al joven Marco Antonio –estudiante de prepa 8– por parte de los agentes del orden; y también la incursión en el campus de CU en noviembre de 2014, en la que agentes policiacos entraron al campus supuestamente investigando el robo de un celular, con los famosos disparos al aire que impactaron en la pierna a un integrante de la comunidad universitaria, todo ello enmarcado en un contexto de hostigamiento y espionaje a los estudiantes organizados y solidarios con la lucha de Ayotzinapa.
Si tomamos en cuenta estas líneas se pone en duda la utilidad de la presencia policiaca para disminuir la violencia en la universidad, no nos queda pues ninguna duda de que la nueva medida favorecerá las prácticas ilegales de espionaje, intimidación y represión contra las agrupaciones estudiantiles solidarias con el movimiento social, y generará un clima favorable para profundizar el proceso de elitización de la universidad con medidas como el control del acceso, envallado y restricciones espaciales, es decir, la aplicación de medidas que cierran cada vez más las puertas de la universidad al pueblo mexicano, que además de ser quien la paga, habría de encontrar dentro de ella un espacio para educarse, entender a su país y contribuir a solucionar los grandes problemas que le aquejan.
Por lo anterior, la firma del convenio se da en un contexto de avance represivo en el país, como antecedente inmediato se encuentran la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y el intento desde el poder judicial para legalizar que los policías realicen cateos y revisiones forzadas en domicilios y vehículos sin la orden de un juez. Todas ellas son medidas que no han mostrado ningún cambio en el supuesto combate a la delincuencia organizada, pero sí ha servido ya para amparar la represión como ocurre en estos momentos en que organizaciones indígenas de Chancalá, Chiapas, están sitiadas por el ejército mexicano debido a que se han atrevido a protestar contra los agravios de las fuerzas castrenses en la región, quienes además de sitiarlos y hostigarlos les ha cortado la luz y el agua, amparándose en las nuevas facultades que les da la Ley de seguridad interior.
A pesar de la polémica e inquietud que despierta la entrada de la policía a la universidad, el contenido específico del convenio no se ha hecho público, y hasta el momento en que se escriben estas líneas se mantiene oculto, es por ello que hacemos un llamado a indagar y reflexionar en torno a los alcances de dicho documento, pero también y sobretodo a la construcción creativa de soluciones a los problemas de violencia desde la comunidad –habrá que voltear a ver las experiencias de seguridad comunitaria exitosas que se desarrollan en diferentes geografías del país–, por ello, llamamos a los estudiantes a permanecer alertas y organizados para frenar el avance represivo y el proceso de elitización en la universidad.