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La guerra que no serenó la pandemia. Chiapas, las comunidades zapatistas y una apuesta por la vida

Número 49, Año 7, febrero 2021.

Foto: Tragameluz, desinformemonos.org


I

A unos cuantos días de la culminación de enero y en medio de una pandemia que ha suspendido numerosas actividades económicas en el país, se hicieron públicas nuevas agresiones a las comunidades zapatistas en Chiapas. El 18, 20 y 21 de enero la comunidad Moisés Gandhi, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, de la Junta de Buen Gobierno Zapatista (JBG) “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 Patria Nueva, fue agredida con armas de fuego por miembros de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) de las comunidades de San Antonio, Cuxuljá, San Francisco y 7 de Febrero del municipio oficial de Ocosingo, como denunciaron la JBG y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).[1] A lo mejor usted piensa que se trata de un hecho aislado, una más de las lamentables noticias con las que arrancó el año 2021 en medio de tanta muerte y tragedia.


La cosa es que, como también es sabido, no se trata de la primera agresión, ésta se enmarca en una serie de ataques sufridos por la comunidad en lo que va del gobierno de la 4T. El hostigamiento armado reciente hacia las comunidades tzeltales inició en abril de 2019 y escaló a lo largo del año pasado, haciendo uso de las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19, con el saqueo e incendio de la bodega de café ubicada en el Centro de Comercio “Nuevo Amanecer del Arcoíris” y el secuestro de Félix López Hernández, base de apoyo zapatista.[2] Pese a la desmovilización impuesta por la pandemia, las presiones de diversas organizaciones, colectivos e individuos lograron frenar momentáneamente dicho escalamiento hasta su arranque de nueva cuenta este año.


Las tres agresiones se han dado en el contexto de las iniciativas políticas zapatistas.


La primera, a un mes de la toma de posesión de AMLO como presidente, en la madrugada del primero de enero de 2019 con la movilización de milicianos y milicianas de la 21ª División de Infantería Zapatista en el Caracol “Madre de los Caracoles, mar de nuestros sueños”, en la Realidad, Chiapas. Movilización que reafirmó la independencia política del EZLN y las comunidades zapatistas, y mostró la disciplina, organización, consciencia y disposición de resistencia frente a la estrategia de guerra en curso, a los megaproyectos económicos subordinados a la lógica de la acumulación de los dueños del dinero, y frente a la estrategia indigenista gubernamental de integración, exclusión y subordinación política.


La segunda, al poco tiempo de una nueva movilización zapatista en agosto de 2019 con la ruptura del cerco militar y paramilitar, en una acción en la que se crearon nuevos Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MARZ), Juntas de Buen Gobierno (JBG) y Caracoles.


La última en el marco de los múltiples anuncios y preparativos para la campaña por la vida y el encuentro con colectivos, comunidades y resistencias a lo largo del planeta Tierra, comenzando por la vieja Europa que se tiene programada para abril de este año.


Sin embargo, al ver, escuchar y/o leer las noticias a lo mejor usted piensa que se trata de otro “típico” conflicto por tierras entre comunidades o entre productores de café, haciendo eco de la normalización y naturalización de las simplificaciones y tergiversaciones hechas por los medios de paga. No es su culpa que no hagan periodismo serio e informen con veracidad. En fin. Puede que sí está familiarizado con la guerra en Chiapas, pero está peleado con los zapatistas porque no apoyaron al hoy presidente, puede que antes que analizar grite “otra vez los zapatistas dando lata”, “me cae que sí son creación del Salinas”, “nomás le hacen el juego a la derecha” y todas las etiquetas despectivas que pueda articular –esas que sí le hacen el juego a la derecha y a los dueños del dinero y del país–. En el mejor de los casos usted está muy convencido de la injusticia de la agresión, de las razones históricas e inmediatas, por lo que quizás no necesita leer este escrito, más que como refrendo de su convicción. En un caso no tan así, pero sí muy respetable, su cabeza empieza a hilar preguntas ¿No que ya se había acabado la guerra? ¿Acaso con la 4T no salieron los militares de Chiapas y se redujo su presencia nacional o política? ¿Por qué las comunidades zapatistas tuvieron que romper un cerco militar, paramilitar e incluso de la nueva Guardia Nacional? y, en este sentido, ¿Si los agresores no son militares, cuál es su vínculo con la guerra? Si usted es un lector versado en la materia quizás ya tenga la respuesta en su mente, pero van algunas líneas con elementos que nutran el entendimiento común y cultiven la duda metódica.



II

Para empezar a explicar el sentido de los acontecimientos comencemos por lo que es posible ver en lo inmediato en relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido (MORENA), su política económica y militar con respecto a Chiapas y las comunidades zapatistas. Éstas últimas y el personal en el gobierno de por sí se encontraban separadas, no por diferencias superficiales, sino por diferencias de estrategia y táctica para el cambio social y político del país. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las comunidades zapatistas han apostado por la organización desde debajo de la sociedad civil, al convocar a los pueblos indígenas, al pueblo de México y a los pueblos del mundo a darse formas y medios para la superación del capitalismo con la construcción de un poder alternativo a nivel nacional y una red a nivel global.


La última de esas iniciativas fue la conformación del Concejo Indígena de Gobierno (2016) como mediación de conducción del Congreso Nacional Indígena (CNI), la campaña política de su vocera María de Jesús Patricio –Marichuy–, la formación de redes de apoyo que luego se convirtieron en Redes de Resistencia y Rebeldía, así como un llamado a la discusión de la forma organizativa Consejo o Concejo para el resto de clases y sectores, identidades, etc. Pero no hubo una respuesta ni en el discurso ni en la práctica mayor. Lo anterior se debió primordialmente a la destrucción provocada por la guerra interna, el limitado desarrollo político, organizativo y de conciencia de las organizaciones previas, desarticuladas por la noche de la etapa neoliberal del capitalismo y penetradas por vicios como el clientelismo, las limitaciones para construir mediaciones democráticas, organizaciones de masas fuertes, etc.; en fin, ante un panorama de descomposición orgánica generalizada de nuestro pueblo y sin proyecto global o particular para empujar transformaciones más profundas.


Por otro lado, AMLO y MORENA han desarrollado una estrategia de movilización electoral y gestión gubernamental, con un amplio margen de alianzas y compromisos con los dueños del dinero y varias expresiones políticas reaccionarias, sacrificando en el camino las organizaciones e intereses populares, restringiendo su atención a la política de programas sociales que inauguró el neoliberalismo. Ya en el gobierno han apostado por el control y la administración del aparato de Estado para limar las aristas más agresivas del neoliberalismo, pero sin un horizonte de superación del capitalismo, en la práctica han promovido la desorganización popular con la pretensión de gobernar “para ricos y pobres” y representar el “interés general”. Este último en realidad es impuesto por la correlación de fuerzas entre los dueños del dinero, sean nacionales o extranjeros, y los subalternos y dominados, los que estamos en el abajo. En el marco de esta correlación de fuerzas, la aparente neutralidad del gobernar para ricos y pobres favorece, en la práctica, a los más fuertes –los señores del dinero-; sin la organización y promoción de la participación popular en la gestión del poder político y la transformación del Estado, el supuesto interés general que engloba a ricos y pobres aparece como lo que es, una vil mentira. Es por esto que el actual gobierno ha representado la recomposición del consenso en torno al proyecto de vida en común de los dueños del dinero, aún cuando desde el comienzo del ejercicio gubernamental se realizaron esfuerzos para ganar un margen de autonomía política respecto a los intereses inmediatos de algunos sectores de los dueños del dinero –cancelación del aeropuerto en Texcoco, lucha contra el robo de combustible y la corrupción, la creación de la Guardia Nacional o el reciente planteamiento de desaparecer organismos autónomos-.[3] Esa relación orgánica de representación de los intereses a largo plazo de los dueños del dinero, así como los estrechos márgenes de acción de allá arriba, se ha refrendado y fortalecido con la pandemia, la precipitación de la crisis económica capitalista y la necesidad de recomponer el proceso de acumulación.


III

Lo anterior también se expresa en el ámbito de la política militar. Usted recordará que el jefe político de la 4T prometió la retirada del Ejército de las funciones de policía que desempeñaba de manera ilegal, pero por el grado de poder, autonomía y protagonismo político ganado por el sector durante el periodo previo de guerra, el gobierno actual ha mantenido la militarización bajo el argumento de la presencia del crimen organizado en aproximadamente dos terceras partes del país, utilizándola como fuerza constructora y garante de los megaproyectos con concesiones –como las ligadas al Tren Maya–, lo que se mantuvo y acrecentó con la creación de la Guardia Nacional (GN) en marzo de 2019. En lo que toca a Chiapas lo anterior se expresó en el aumento de la presencia de la GN en el estado con al menos tres coordinaciones regionales ligadas a la zona de influencia de los zapatistas, como ha documentado la revista Contralínea,[4] fortaleciendo el cerco militar y paramilitar sobre las comunidades y el EZLN, mismo que se cuestionó con la acción de agosto y la creación de nuevos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ).


En ese sentido, la estrategia de guerra contrainsurgente en Chiapas, con la presencia del Ejército y paramilitares, ahora se fortalece con la Guardia Nacional sin transformar su naturaleza, métodos de operación y blancos. De hecho, antes del despliegue político-militar zapatista de enero del 2019, los periodistas de RompevientoTV denunciaron públicamente las acciones paramilitares que continuaban desplegándose en la zona a fines de 2018, ante esto Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, insinuó la afectación a bases de apoyo zapatistas o zonas de influencia, tras lo cual la respuesta gubernamental se tradujo en una mayor presencia de la GN que no terminó con la violencia paramilitar.[5] Ésta había alcanzado mayores niveles de violencia y saldo de muertes con 10 asesinados para el conjunto del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el país,[6] crímenes que aunque no ligados directamente al personal del Ejército ni a la GN sí fueron parte de la lógica paramilitar señalada. Todo esto mientras que en Chiapas tenían continuidad las primeras agresiones que hemos referido.


Esta violencia focalizada en comunidades y pueblos indígenas tuvo como correlato la extensión de la presencia de la GN, el Ejército y la Marina en las zonas estratégicas para los megaproyectos, particularmente en territorio indígena, en la península de Yucatán, Veracruz, y al sur Oaxaca, Guerrero y Chiapas.[7] En el caso de Chiapas para mediados de 2020, en plena pandemia, se encontraban desplegados 5 404 elementos: 2 330 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 433 de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la mayoría de la GN con 2 641, a los cuales se sumaban 4 109 policías estatales y 12 861 municipales, bajo el argumento de combate al narcotráfico y atención por la pandemia, como reportó Contralínea,[8] aunque en realidad este despliegue policiaco-militar ha cumplido funciones de control de la población migrante y de fortalecimiento del cerco a las comunidades zapatistas del EZLN. En ese sentido, no se trata sólo de una política regional sino fe