Número 21, Año 4, abril - mayo, 2017
La historia de la UNAM no es sólo la que se compila en los libros oficiales. Más importante que el conteo sucesivo de rectores, que la enumeración de premios y posiciones en listas, es la historia del movimiento de la comunidad universitaria, de sus estudiantes, trabajadores, maestros e investigadores. Este abril se cumplen 18 años del inicio de la huelga de 1999-2000, y por este aniversario es que queremos recordar la participación de los estudiantes en la transformación de la universidad. En particular la participación de los estudiantes de nivel bachillerato, tan importante como la que sostuvieron los de educación superior, pero quizás, menos recordada por los actuales estudiantes de las preparatorias y CCH de la UNAM. En febrero de 1999 los estudiantes de la UNAM supieron de las pretensiones del entonces rector, Francisco Barnés de Castro, de aumentar las cuotas mediante la modificación del Reglamento General de Pagos. Los estudiantes rechazaron las decisiones que el Consejo Técnico, dirigido por Barnés, acababa de tomar; comenzaron las manifestaciones de rechazo y las asambleas universitarias en busca de anular esta medida. El 20 de abril del mismo año los estudiantes se organizaron en el Consejo General de Huelga (CGH) e iniciaron una huelga de 9 meses. Los bachilleratos de la UNAM (prepas y CCH) participaron en el CGH con igual o mayor contundencia que el resto de escuelas y facultades: cada plantel tenía su asamblea, con representante y voto en el Consejo. En los bachilleratos se movilizaron decenas de miles de estudiantes que sostuvieron la huelga en sus escuelas, se organizaron en comisiones de trabajo, brigadearon, marcharon, mitinearon y participaron de las asambleas. Fue precisamente esa organización la que potenció el alcance de la protesta y la politización de la lucha. Los bachilleratos sufrieron ataques, golpes, encarcelamientos y amenazas especialmente fuertes; pero tuvieron también el apoyo de profesores y trabajadores, de familiares y miembros de otros sectores de la sociedad. Los CCH y las preparatorias tenían ya una tradición de lucha consolidada y activa, herencia de movimientos anteriores que habían legado triunfos y aprendizajes. Su composición social popular —receptiva y comprometida con las demandas sociales— permitió que los estudiantes comprendieran el ataque al modelo educativo que se ocultaba tras el alza en las cuotas de inscripción. Los estudiantes vieron en el “Plan Barnés” la continuación de un proyecto de transformación de la universidad que había comenzado en los 80s, paralelo al comienzo del neoliberalismo en el país y a la ola de reformas y transformaciones que ha provocado en perjuicio de la economía y seguridad del pueblo mexicano. Ya en 1986 había surgido el movimiento estudiantil —organizado en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU)— contra la pretensión de limitar el tiempo de permanencia de los estudiantes en la universidad, de cancelar el pase automático a la licenciatura y de elevar las cuotas de inscripción. En 1995 los estudiantes de los 5 planteles del CCH se organizaron y levantaron una huelga en contra de la pretensión de las autoridades de cambiar los planes de estudio y recortar la matrícula. En 1997 se organizó una Asamblea Universitaria contra las reformas al Reglamento General de Exámenes e Inscripciones, que transformaban el pase automático en reglamentado y restringían el tiempo de los estudiantes en la universidad. No conformes con la ola de modificaciones, las autoridades universitarias permitieron que el Centro nacional de Evaluaciones (CENEVAL), un organismo privado, sea quien determine quiénes ingresan a la Universidad a través del COMIPEMS, renunciando la institución pública a evaluar a sus estudiantes. Al estallar la huelga, en 1999, el CGH presentó un pliego petitorio en que resumía las demandas históricas y recientes del movimiento estudiantil: 1. Desmantelamiento del aparato policiaco de represión y espionaje político de la Universidad; 2. Derogación de las reformas de 1997 a los reglamentos de inscripciones y exámenes; 3. Rompimiento total y definitivo de los vínculos de la UNAM con el CEVENAL; 4. Abrogación del Reglamento General de Pagos y anulación de todo tipo de cobros por inscripción, trámites, servicios y materiales; 5. Corrimiento del calendario escolar; 6. Congreso Democrático y Resolutivo. Los estudiantes huelguistas de 1999 sostuvieron una larga lucha en favor, principalmente, de las futuras generaciones universitarias. Hoy, esas generaciones futuras que somos, que hemos disfrutado de una Universidad aún no totalmente doblegada por los esfuerzos privatizadores, debemos al menos reconocer y recordar ese esfuerzo, no dejar que se niegue y se criminalice, y continuar con la vista, el oído y el pensamiento atento a las transformaciones que pretendan anular el carácter público y popular de la UNAM. Han querido vendernos la idea de que la educación media superior y superior no tiene por qué ser un derecho, entregándola, en los hechos, a quien tiene la holganza económica para estudiar según tiempos y normas cada vez más reducidos. Pero sabemos que no es la capacidad del individuo la que le impide tener acceso a una educación de calidad; es la reducción de la matrícula que excluye a las masas de la universidad. No es el privilegio de “no pagar”; es la conciencia de que la educación pública ya está siendo pagada por el pueblo; es la negativa a pagar dos veces por un derecho social. No es “rechazar por rechazar”; es saber ver en los cambios normativos, en las acciones y discursos de las autoridades, en la reacción visceral de los medios, las empresas, los políticos, un plan de transformación de la Universidad que se ajusta a las necesidades de quienes solo buscan riquezas, despojándonos de medios para trabajar y vivir, para pensar y construir el país que queremos. Hoy como ayer, los estudiantes de la Universidad, desde los bachilleratos hasta los posgrados, tenemos el deber social e histórico de defender a la Universidad como un espacio al servicio del pueblo, y no al servicio de las necesidades productivas de las empresas nacionales y trasnacionales. Necesitamos analizar, apelar a la discusión, propiciar las condiciones para escuchar y debatir qué problemas y posibilidades tiene nuestra educación. Pero sobre todo, necesitamos organizarnos.