Número 22, Año 4, junio - julio, 2017
En el anterior Torito hablamos de los mecanismos de exclusión en los procesos de registro al examen único, en este número sumaremos al análisis algunos elementos de las repercusiones del aparato evaluador, a propósito de la aplicación en el mes de junio en la zona metropolitana de la CDMX del examen único. Los principales afectados son los cientos de miles de jóvenes que se enfrentan año con año a una competencia desigual, injusta y manipulada. Nos dicen que este concurso de admisión al medio superior será decisivo en el rumbo que tome su vida. Este argumento no escapa de la realidad porque desde su puesta en marcha en 1996 se ha buscado legitimar el mecanismo para dar o no dar opción y servir de filtro para ingresar al bachillerato, también es parte de una lógica de exclusión más amplia, pues si de por sí no existe una matrícula suficiente, además limita las posibilidades de aspirar al nivel superior en un futuro, pues dependiendo de la escuela asignada será más viable el ingreso o no a la universidad. El Estado no garantiza ni garantizará bajo este sistema el derecho a la educación, tampoco creará más instituciones ni abrirá más lugares en las escuelas ya existentes a pesar de que la población aumenta y miles de jóvenes desean continuar sus estudios. Las autoridades insistirán una y otra vez en que los jóvenes no ingresaron a la opción de su preferencia por su incapacidad académica para resolver un examen o debido a su poco esfuerzo para prepararse para el mismo. Pero son sus excusas, lo que está detrás de eso es la exclusión, la negación del derecho a la educación como parte integral del ser humano; bajo esta lógica, más que un derecho, la educación se presenta como privilegio de aquellos que logran ingresar. Además, un examen estandarizado no puede evaluar la acumulación de conocimientos adquiridos durante los años previos, ni mucho menos considera las condiciones socioculturales de la población. Lo cierto es que los jóvenes encaran un juego arbitrario en donde el jurado se compone por una empresa privada y que como tal sólo busca la ganancia, es decir, el CENEVAL; una institución que es parte del Estado cómplice de esas empresas y que ve a la educación como una manera de reproducir y mantener el sistema de explotación en que vivimos, la SEP; y por instituciones educativas superiores elitistas, con estructuras autoritarias y cuyas autoridades se proponen cada vez con mayor descaro pero no con menos resistencia de los estudiantes, responder a intereses privados, nos referimos a la UNAM y al IPN. Estos actores integran la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), responsable de la exclusión educativa. Es necesario mencionar que a pesar de que las autoridades presumen como “opciones” las distintas escuelas que existen en el bachillerato (no importándoles si éstas preparan o no realmente a los jóvenes para avanzar a estudios superiores o si les permitirán desarrollarse integralmente o incluso creando algunas para maquillar los números de los excluidos), en realidad los jóvenes no tienen para nada garantizado un lugar, a pesar de haber obtenido un certificado, insistimos, producto de tres años de evaluación constante. Los argumentos para dejar sin ninguna posibilidad educativa a miles de estudiantes –no cumplir con los requisitos de registro, inasistencia al examen, no contar con el certificado a tiempo…-, son tan absurdos como autoritarios, y sólo buscan enriquecer más aún las arcas de las instancias evaluadoras, certificadoras, o llenar los centros laborales de mano de obra no calificada y por lo tanto susceptible de ser mejor explotada. Se estima que en el 2015 no se presentaron a la prueba de ingreso 12 mil 500 jóvenes y que no concluyeron en tiempo la secundaria 22 mil 415 más, quedando fuera de cualquier posibilidad de continuar sus estudios. Los requisitos para poder entrar en la competencia son excluyentes en sí al ser tan restrictivos. En el 2013, el Comipems se negó a modificar profundamente estos requisitos y decidió tan solo trasformar uno, el que impedía el acceso a la educación pública a quienes obtuvieron un bajo puntaje en el examen Ceneval-UNAM, aunque en los hechos, como ya mencionamos anteriormente, ingresar a una de esas escuelas no implica salirse de la lógica de exclusión general, o en muchas de las veces implica condenarse a cada vez más precarias condiciones laborales. Los demás requerimientos siguen cumpliendo su labor, tal cual lo ha dispuesto e impuesto el Comipems desde hace 21 años con el contubernio de las autoridades de este país. Así pues, cada año miles de jóvenes se queden sin escuela violándose su derecho constitucional a la educación. Al final, esta educación, como parte de un sistema excluyente en sí mismo, también presenta grandes desigualdades y quienes mejores herramientas tienen para entrar en la competencia y resolver exámenes estandarizados, serán quienes tengan mayores probabilidades de aspirar a la educación media y superior. Estas habilidades, adquiridas con mayor dificultad en peores condiciones de vida, condenan a quien las tenga menos desarrolladas a ingresar a centros educativos que preparan para el trabajo… pero en condiciones cada vez más precarias y con peores salarios. El interés de las autoridades por incorporar el sistema educativo a la lógica internacional de evaluación y certificación en los últimos años –además del examen único, la prueba ENLACE, PISA y más recientemente PLANEA, por mencionar algunos-, desvía el proceso educativo integral y malversa la evaluación, pues estos procesos obligan a sustituir la educación por una preparación a un examen e introducir un razonamiento de competencia para la obtención de un puntaje. Denunciamos los mecanismos de exclusión y los aparatos estandarizados de evaluación que nunca realizarán una evaluación justa en donde se contemple y reconozca la trayectoria, habilidades y esfuerzo de los estudiantes y profesores. Además llamamos a la transformación de la educación por una que sea científica y popular que solo se logrará con la lucha unida de estudiantes, profesores, padres y madres de familia y de la organización de la sociedad en general. Y por último, saludamos aquellos estudiantes que se movilizan para denunciar esta lógica injusta y a exigir lo que por derecho les pertenece.