Número 25, Año 5, abril - mayo, 2018
Hace más de 6 meses sucedió uno de los sismos más grandes que se haya tenido registro en la historia de México. Un sismo que nos recordó lo frágiles que somos ante el poder de la naturaleza, pero lo grandes que podemos llegar a ser con el esfuerzo colectivo, la solidaridad y la organización popular. Los días posteriores al sismo nos demostraron, por un lado, la capacidad colectiva del pueblo y los trabajadores para responder a este tipo de eventualidades naturales, sin embargo, también pudimos observar la lógica con la que el Estado y el capitalismo aprovechan hasta los eventos naturales para poder contener, controlar y administrar las tragedias siempre en favor de los intereses particulares.
Así, desde aquella tarde del 19 de septiembre, muchas familias no solo de la CDMX sino la gran mayoría de los estados más golpeados históricamente como Chiapas y Oaxaca, han sufrido no sólo los embates de la naturaleza, sino el desdén y aprovechamiento del gobierno quien ha utilizado la misma receta contra el pueblo ante cualquier demanda legítima: el desprecio, la lógica del desgaste, el desvío y/o desaparición de recursos y la criminalización de la protesta social.
Además de derrumbes y calles afectadas, aquel 19 de septiembre miles de personas perdieron el patrimonio de toda una vida de trabajo, se contabilizan al menos en la CDMX 16,630 edificios con daños que aún siguen sin atenderse de manera eficaz.
Los damnificados en distintos puntos geográficos del país han denunciado no sólo el robo sistemático de los recursos del Fondo Nacional de Desastres, sino también de las donaciones que otros países, organizaciones e individuos otorgaron a los damnificados. Según cifras oficiales, se requieren más de $37 mil millones de pesos para la reconstrucción, sin embargo, de los casi $57 millones de dólares que se han donado para dicho fin, nadie sabe a ciencia cierta donde están y ninguna instancia gubernamental ha respondido por el uso de dichos recursos.
Cabe señalar que, si bien se han invertido varios millones de pesos en iniciar la reconstrucción, las prioridades han sido la reparación de infraestructura carretera y/o hidráulica mucho antes que las viviendas, hospitales, escuelas y edificios públicos. También, en los últimos meses hemos escuchado de fuentes, incluso oficiales, la desaparición de recursos y el fraude que se ha hecho a las familias damnificadas a través de los supuestos depósitos a tarjetas por parte de BANSEFI, caso en el que ya han desaparecido cientos de miles de pesos.
Por si esto no bastara, el gobierno ha decidió que no es suficiente con desaparecer los recursos destinados a la reconstrucción, sino que dicha reconstrucción deberá ser pagada por los propios afectados, por medio de créditos bancarios que no hacen más que demostrar el desprecio que tienen los gobernantes por la población.
A más de 6 meses miles de familias siguen a la espera de un dictamen oficial que pueda darles certeza de la situación real de sus viviendas, dictámenes que el gobierno simplemente se ha negado a realizar. Cientos de familias siguen a la espera de que se les entreguen sus predios o de la demolición de edificios y viviendas para continuar con la reconstrucción de sus hogares. Cientos de familias siguen exigiendo que la reconstrucción sea pagada con los recursos que han sido destinados para ellos y que simplemente siguen sin llegar. Cientos de familias exigen a través del Encuentro de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y otros espacios organizativos en diferentes estados, que la reconstrucción sea pagada con el dinero que el mundo donó, que la reconstrucción inicie YA.