Lejos de frenar su debilitamiento, la 4T continúa con las políticas neoliberales que han desmantelado nuestro Sistema de Salud Pública...
El sistema de salud pública es el conjunto de actividades que organiza la administración pública en conjunto con diversos sectores sociales, para prevenir enfermedades, proteger, promover y recuperar la salud de la población. Es importante que los mexicanos contemos con un sistema de salud pública fuerte, porque este mejora la vida cotidiana de la población de forma tangible. Al contrario, la salud también se vuelve una mercancía con la que los grupos de poder buscan lucrar, por ello se han empeñado en destruir el sistema de salud.
El desmantelamiento del sistema de salud pública es un proceso que comenzó hace más de tres décadas. A pesar de afirmar lo contrario, en el presente periodo el proceso de debilitamiento del sistema de salud continua. Por ejemplo, sabemos que el dinero que se destina al sector salud y la seguridad social es insuficiente, aunque actualmente se destina 2.75% como porcentaje del PIB, la población que se atiende rebasa la capacidad hospitalaria y del personal de salud que en ellos labora. Esto se ha hecho más evidente durante la pandemia actual de la Covid-19 pero no es nada nuevo. Durante el llamado periodo neoliberal se ha privatizado el sistema de salud pública para seguir obteniendo ganancias por sobre la vida misma. Los grandes capitalistas han acrecentando sus ganancias y han afianzado otros mecanismos para explotar los nuevos mercados.
Durante los gobiernos que han fortalecido el modelo neoliberal en México han tenido gran respaldo en los esquemas de subrogación y outsourcing generando un serio problema de estabilidad laboral además de afectar a los derechos de los trabajadores ya que bajo estos esquemas se vuelven reemplazables con facilidad por no tener representación sindical, ni generar antigüedad. El sector salud no está exento de este tipo de contrataciones e incluso de la subrogación de algunos servicios para adelgazar su plantilla laboral beneficiando con esto a empresas privadas que dan trabajo bajo estas prácticas flexibles y dañinas a los fuera de las instituciones públicas.
Otro golpe a los miles de trabajadores del sector salud fue acabar con los sistemas de jubilación digna que, en institutos como el IMSS, se habían ganado a través de la lucha de las y los trabajadores para pasar ahora al esquema de las AFORE y de aumentar los años para acceder al retiro, estas dos medidas representan claramente la incertidumbre en la vejez para miles de personas mientras la pensión por ley está comprobado que no alcanza para garantizar una vida digna.
Las instalaciones del sistema de salud público han sido insuficientes y el equipo muchas veces obsoleto, esto desde antes de la pandemia. Hospitales con instalaciones viejas y dañadas por sismos antiguos y recientes; cascarones que simulan ser hospitales, incluso inaugurados por los gobiernos en turno; corrupción en las licitaciones a todos niveles son algunos de los elementos que nos parecen representativos para entender en qué momento nos tuvimos que enfrentar a la pandemia. Otra forma de privatización ha sido el esquema de construcción de hospitales por Asociación Público Privada en donde según los contratos existentes después de cierto tiempo estas instalaciones pasarán a manos de las empresas privadas que en ellos participan dejando un futuro incierto para el personal que ahí labore. Hasta el momento el actual gobierno no ha dado información acerca de estos proyectos. Se necesitan verdaderos planes de creación de infraestructura para garantizar la salud de la población.
El secretario de Salud Jorge Alcocer informaba en 2019, antes de la pandemia, que el déficit de médicos generales era de 123 mil y 72 mil especialistas. Esto en un país donde son rechazados año con año de las escuelas públicas miles de jóvenes. Ya en plena pandemia las cifras de médicos que hacían falta para hacerle frente al alto número de contagios era de 200 mil médicos generales y especialistas y de 300 mil en el área de enfermería. Aún así solo se contrataron 3 mil 675 médicos especialistas, 7 mil 194 médicos generales, 1 mil 502 enfermeras especialistas, 18 mil 664 enfermeras generales y 13 mil 212 trabajadores de la salud, un total de 44 mil 247 según datos del centro de análisis multidisciplinario de la UNAM.
Es cierto que la escasez de recursos ha sido una constante desde periodos previos al del gobierno de Lopez Obrador, pero esta situación se agravó justo en los años previos a la pandemia, cuando ya había comenzado la “cuarta transformación”. Por ejemplo: al menos 30% de los trabajadores de la Secretaría de Salud fueron despedidos en marzo de 2019 como parte de los ahorros del nuevo gobierno y según el estudio de caso La respuesta de México al COVID-19, en 2020 el presupuesto per cápita acumuló una pérdida del 26.4% en relación con su máximo de 2015, retrocediendo a niveles vistos una década atrás. Además, durante 2019 e inicios de 2020, la 4T disminuyó los salarios del personal de salud en el sector público.
Como hemos visto, así como la 4T declaró el fin del neoliberalismo sin abandonar su modus operandi, con la fundación del INSABI, decretó el inicio de la cobertura universal de salud sin dar los pasos necesarios para que esto se concrete. Nuestro país necesita un sistema de salud pública que atienda a toda la población y que sea una fuente de trabajo digno y justamente remunerado. Pero, para que esto suceda, el presupuesto destinado al sector salud debe aumentar y el dinero destinado a otras dependencias, como la Marina y el Ejército, por ejemplo, reducirse.