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El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: la nueva cara de la conquista

Fragmentos

Número 49, Año 7, febrero 2021.


[Fragmentos. El articulo completo se encuentra en Metabólica, número 1, El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la cual puede adquirirse aquí]


El Istmo de Tehuantepec es la zona más angosta entre los océanos Pací­fico y Atlántico que posee México. Desde comienzos del siglo XIX, por su localización, orografía, singula­ridad ecológica, recursos naturales y riqueza cultural ha sido objeto de deseo de las naciones imperialistas. Deseo que fue tomando formas co­lonizadoras durante la intervención norteamericana y los años posteriores.

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La disputa por la zona del territorio mexicano para el comercio inter­continental no cesó desde entonces, aunque la Guerra Civil en Estados Unidos y la imposición del ferroca­rril interoceánico en Panamá desvia­ron la atención por unos instantes. Para 1907, después de varios proyec­tos, concesiones y fracasos, el gobier­no de Porfirio Díaz logró inaugurar la línea ferroviaria de Tehuantepec y la terminal portuaria de Salina Cruz, que quedó en manos de la empresa inglesa Pearson & Son Limited, has­ta el triunfo de la Revolución.

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Con los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, México terminó por adecuarse a la reconfiguración capitalista neoliberal. El proyecto de explotación del Istmo de Tehuante­pec se ofreció entonces bajo el es­quema sustentado en la reforma al artículo 27 de la Constitución, los tratados internacionales, las políticas privatizadoras y el tutelaje de los or­ganismos financieros internaciona­les. En 1996 se impulsó el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec, que retomó en buena medida lo progra­mado en el Plan Alfa-Omega, ha­ciendo énfasis en la privatización de la industria petroquímica y la inver­sión extranjera para competir con el Canal de Panamá.


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Siguiendo con esta línea, Felipe Cal­derón promovió en conjunto dos terminales de contenedores en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la operación de un ferrocarril para hacer más eficiente el paso de mercancía por la zona. A Enrique Peña Nieto le tocó promover el nuevo proyecto con inversores chi­nos e impulsar las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Estas últimas se pro­movieron como un proyecto de redis­tribución geopolítica para la inversión de capitales privados, nacionales y ex­tranjeros. Para incentivar la inversión, se prometió exentar de impuestos, trazar rutas comerciales y acompaña­miento militar. De este proyecto, las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz tuvieron prioridad gubernamental.

Muchos de los proyectos que hemos comentado no culminaron como sus promotores lo deseaban, pero todos fueron aportando al proyecto capita­lista transexenal con infraestructura, privatización, mapeo territorial, des­plazamientos de pueblos originarios y monitoreo de recursos.



El compromiso capitalista de la “Cuarta transformación”

Desde que estaba en campaña, An­drés Manuel López Obrador prome­tió continuidad del modelo de des­pojo y explotación a los empresarios e inversores. Al respecto, sus cartas de presentación más importantes fueron la creación del Tren Maya y el Corredor Transístmico. Ya en el gobierno, incumplió su promesa de cancelar el Proyecto Integral More­los y lo incluyó en su lista de priori­dades para la recomposición geopo­lítica del país.

En junio del 2019, con un decreto presidencial, se creó un organismo público descentralizado llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el decreto se afir­ma que el Estado mexicano priori­za el “desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares, específicamente el co­mercio internacional que se efectúa en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en el transporte ferro­viario y en la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado” (dof. Decreto, 2019 :14 de junio). Este organismo debe “procurar, me­diante inversión pública y privada, la construcción de la infraestructura física, social y productiva necesaria para fortalecer la base económica de la región del Istmo de Tehuantepec” (dof. Decreto, 2019: 14 de junio). Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo se expone que este pro­yecto aprovechará la posición del Ist­mo para “competir” en los mercados mundiales de movilización de mer­cancías y actuará –junto con el Tren Maya y la Zona Libre de la Frontera Norte– como “cortina” para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte (dof. pnd, 2019: 12 de julio).


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Despojo

El despojo del territorio de los pue­blos originarios avanza mientras el gobierno de la 4T ofrece un discurso de conciliación basado en la promo­ción de desarrollo y bienestar social. Por el momento, se habla de que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec abarcará 76 municipios de Oaxaca y Veracruz. En esta re­gión están asentados los pueblos bin­nizá (zapoteco), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave), chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, na­huatl, totonaco y afroamericano, entre otros, que históricamente han defendido la gran riqueza cultural, histórica y ecológica de la zona.

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Explotación

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En lugar de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) proyectadas durante el gobierno de Peña Nieto, ahora se trabaja en una zona libre que abarca una franja de 20 kilóme­tros de ancho por 300 kilómetros de largo alrededor del tren, con parques industriales de 500 hectáreas cada uno, ubicados en zonas ejidales. Para que la zona pueda desarrollarse se­gún el plan estatal, se ofrecen incen­tivos fiscales y la modernización con recursos estatales de la infraestructu­ra férrea y portuaria a las empresas, nacionales y extranjeras. Al imperio estadounidense se le promete, ade­más, su anhelado muro. Ese muro se presenta en forma de “cortinas” in­dustriales que acaparará la fuerza de trabajo centroamericana.

Ahora bien, aunque el Estado y sus instancias gubernamentales ofrezcan oportunidades laborales y desarrollo económico, lo que se sabe es que no existen ejemplos donde las facilida­des fiscales otorgadas a las grandes empresas se vean reflejadas en me­jores sueldos para sus trabajadores o beneficios reales y a largo plazo para las zonas explotadas. Por el contra­rio, de avanzar el proyecto, los pue­blos despojados de sus tierras se ve­rán obligados a aceptar salarios bajos propios de las maquilas, la industria de la construcción y el turismo, tal como ha sucedido en los estados del norte del país. La invasión que su­pone el Corredor establecerá nuevas reglas de mercado en la zona, de ma­nera que se implementarán criterios jurídicos y sociales que se adecuen a los intereses de aquellos que tengan los recursos para invertir en la zona.

Desprecio

La lógica de desprecio a los pue­blos originarios por parte del nuevo gobierno quedó manifiesta desde la toma de posesión de López Obra­dor, pues el 1 de diciembre de 2018, en un acto mediático se simuló una ceremonia en la que el presidente y sus funcionarios recibían el “bastón de mando” de mano de supuestos representantes de los pueblos. Des­de esa ceremonia y en sucesivas oca­siones se reproduce la idea de que el nuevo gobierno está al frente de los pueblos, porque ellos son incapaces de gobernarse. Según esta perspecti­va, el gobierno no tiene que realizar consultas informadas, porque conoce lo que los pueblos necesitan. Así, el presidente menosprecia los argu­mentos de los pueblos y tacha de “conservadores” (Rodríguez, 2019a) a aquellos que se oponen a sus polí­ticas neoliberales. “Los que están en contra son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo; son los que no quieren que avancemos, que no hagamos cosas. Le están apos­tando a que nos vaya mal” comentó López Obrador en defensa del Co­rredor (Rodríguez, 2019b).


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Represión

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En contraposición al discurso estatal los pueblos en resistencia señalan que “para lograr el viejo sueño del Pro­yecto Transístmico, el gobierno mo­renista de AMLO y sus aliados empre­sariales utilizan verdaderas tácticas de contrainsurgencia: sus programas asistencialistas individualizados, sus consultas amañadas del mal llama­do Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con líderes coopta­dos, sus campañas de desprestigio de los movimientos sociales, violando el derecho fundamental a la libertad de asociación y manifestación y sus métodos de condicionamiento auto­ritario al peor estilo priísta, transfor­mando sus becarios de “Construyen­do el Futuro” en virtuales capataces de las comunidades dentro del pro­grama “Sembrando Vida” (Desinfor­mémonos, 2019).

La resistencia

La neoconquista capitalista avanza, pero avanza también la rebeldía. Los pueblos defienden su territorio y en él construyen otras formas de vida. En septiembre del 2019 se realizó la Asamblea Nacional e Internacional “El Istmo es nuestro”. Se dieron cita Concejales y Delegados del Concejo Indígena de Gobierno CIG-CNI y más de 500 representantes de pueblos indígenas. También asistieron inte­grantes de organizaciones, colectivos, instituciones educativas y medios li­bres de muchas partes del mundo.

Ahí estaban –por poner algunos ejemplos– el pueblo de San Dionisio del Mar, que resiste a la imposición de las eólicas; nahuas y popolucas, que llevan tiempo organizados para fre­nar el fracking en Veracruz; el pueblo zoque, que salvaguarda la selva de los Chimalapas; y los Chinantecos, que resisten en el Uxpanapa desde que las presas Cerro de oro y Miguel Alemán los despojaron de gran parte de su territorio. Así, los pueblos de la región se encontraron con otros que de igual manera resisten ante los megaproyectos tales como el Proyec­to Integral Morelos o el Tren Maya.


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[Fragmentos. El articulo completo se encuentra en Metabólica, núm. 1, El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la cual puede adquirirse aquí]




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