Número 28, Año 5, octubre - noviembre, 2018
El 3 de septiembre pasado grupos porriles atacaron con violencia una manifestación estudiantil frente a la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde entonces es casi inocultable que existe una fuerte disputa al interior de la universidad.
Ante el movimiento estudiantil que surgió en rechazo a la violencia, la Rectoría ha pretendido exculparse señalando la responsabilidad de fuerzas externas que buscan “desestabilizar” a la institución. En consonancia, muchos han intentado dibujar conflictos políticos donde en realidad domina el compadrazgo y la corrupción.
Lo cierto es que la disputa importante no está entre las élites que buscan hacerse espacio en la UNAM. La transición electoral, por ejemplo, llega a la universidad como una farsa: no hay indicio alguno de que el proyecto neoliberal sobre la educación se transformará en lo más mínimo.
La disputa profunda, la que apunta a dos concepciones opuestas sobre la educación, está entre los estudiantes, docentes y trabajadores movilizados y las autoridades universitarias y gubernamentales. Porque es ahí donde los intereses sobre la universidad se oponen y no encuentran posible conciliación.
El 3 de septiembre fueron atacados los universitarios más jóvenes, los de bachillerato, y fueron perseguidos, golpeados y apuñalados los estudiantes solidarios que se sumaron a la movilización en Ciudad Universitaria. El ataque —que casi cobra la vida de dos compañeros— fue perpetrado por tres grupos porriles diferentes (esos que siempre se atacan entre sí por fin se pusieron de acuerdo).
¿Por qué marchaban los estudiantes el 3 de septiembre? Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, comenzaron a organizarse a finales de agosto por las condiciones de su plantel: grupos sin profesores, salones saturados, una decena de murales pintados de blanco, cobros irregulares de cuotas, instalaciones sucias e inseguras, autoridades prepotentes.
Los ceceacheros dieron en el clavo porque sus demandas, en apariencia tan fáciles de resolver, señalan la tendencia de transformación del modelo educativo y administrativo de la UNAM (y de las instituciones de educación pública en general). Sus problemas locales revelan problemas estructurales y permiten entrever un proyecto de desmantelamiento de la educación media superior y superior pública.
Eso lo vieron con claridad los estudiantes de las diversas escuelas, facultades, centros y unidades de la UNAM, así como los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. Los universitarios no sólo se solidarizaron con Azcapotzalco, vieron la posibilidad de organizarse en defensa de sus espacios educativos y trascendieron la movilización inmediata contra la violencia. Celebraron decenas de asambleas locales y, hasta ahora, tres asambleas interuniversitarias de las que nacieron nuevas demandas colectivas que acusan con mayor fuerza la degradación de las instituciones de educación pública, la pérdida de contenido educativo, la precarización del trabajo universitario y la violencia imparable que acosa a la comunidad.
El conflicto actual nos recuerda que la universidad es un territorio en disputa: mientras para las clases trabajadoras representa el derecho a la educación gratuita y de calidad, para el capitalismo representa un espacio más para la acumulación y producción de capital.
La universidad ha tomado tintes empresariales. Podemos ver, por poner sólo tres ejemplos, cómo la eventualidad y la precariedad laboral han convertido a docentes e investigadores (antes privilegiados) en mano de obra barata y sustituible; cómo los grados académicos han perdido valor, sometiendo a los estudiantes a una carrera ardua (y costosa) por títulos profesionales mal pagados; cómo las entidades privadas sacan beneficio de la universidad vendiendo bienes y servicios, orientando la producción de conocimiento para que se investigue y se deje de investigar a su voluntad.
En este contexto, la violencia que rechaza el movimiento estudiantil tampoco es coincidencia. En sus distintas formas y en sus más terribles facetas (feminicidio, violación, desaparición, asesinato, tortura), la violencia mantiene inmovilizado a un pueblo que pierde de forma acelerada sus derechos humanos y sociales.
Por esto es que, aunque para algunos el conflicto universitario parece tan espontáneo como efímero, en realidad es expresión de una lucha histórica por la defensa de la educación pública, gratuita, científica, crítica y humanística. Como expresaron los estudiantes en el pliego petitorio interuniversitario “¡Porque somos los nietos del 68, los hijos del 99, los hermanos de Ayotzinapa, no es que la lucha comience, sino que nunca ha terminado!”