Número 43, Año 7, mayo 2020
En estos días han aparecido dos posiciones respecto a las medidas que se deberán tomar desde el Estado para enfrentar la crisis económica que se agudiza debido al impacto del Covid19. Por un lado, están las ideas que ha expresado el presidente AMLO y sus partidarios, por el otro, las que exhiben algunos de los empresarios más poderosos del país aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) principalmente. El primero insiste que no se contratará deuda, ni se harán rescates financieros de los más ricos a costa del presupuesto público, los segundos argumentan que no quieren dinero gratis, sino apoyos fiscales y monetarios, créditos y préstamos para, dicen ellos, mantener y defender el empleo, aunque olvidan mencionar algo sobre mantener y defender sus enormes ganancias.
Alrededor de estas diferencias los problemas allá arriba se agudizan, el CCE hace planteamientos y define planes, que en muchos casos suben de tono, mientras el gobierno exige el pago de impuestos y mantiene firme su convicción de que con austeridad republicana y becas se solucionaran los problemas. Se trata de un conflicto que puede complicarse aunque por ahora lo más probable es que se mantenga dentro de los límites del sistema, dentro de un trato, como dicen ellos, “de caballeros”. Habrá que estar atentos.
Sin embargo, más allá de estas visiones encontradas, pasaron casi de largo y sin que se hiciera el mayor escándalo, las decisiones tomadas por el Banco de México (BM), que el 21 de abril acordó medidas para, según sus términos, apoyar el “funcionamiento del sistema financiero hasta por 750,000 millones de pesos”.
Estas medidas pretenden, como afirma el BM dar mayor liquidez al sistema financiero para que este pueda enfrentar los retos económicos ante la crisis agudizada por el Covid19, esto es que “los intermediarios financieros cumplan su función prioritaria de proveer financiamiento a la economía”.
Los grandes empresarios aplaudieron las medidas, por ejemplo, desde Citibanamex comentaron: “[…] las medidas propuestas por el Banco de Mexico son bienvenidas, son muy importantes y yo diría que es de las pocas noticias económicas locales que han sido favorables en las últimas dos o tres semanas”[1] ; mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó: “Se trata de una decisión trascendental para proveer liquidez a los intermediarios y a la vez mantener el desarrollo ordenado de los mercados sin comprometer la meta inflacionaria.”[2]
Por su parte, AMLO señalo las medidas como riesgosas, al dar oportunidad a la corrupción, en ese sentido declaró: “En lo que debemos tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso de las reservas de la nación, ahí sí no son del Banco de México, son las reservas de la nación”[3]. Sin embargo, por esas mismas fechas el poder ejecutivo, a través de la Secretaria de Hacienda anunció que había contratado deuda por 6 mil millones de dólares.[4] Todas estas medidas en el marco de la crisis económica que sólo en el mes de abril ha dejado más de medio millón de desempleados únicamente en el sector formal.
Volviendo a las medidas tomadas por el Banco de México, cabe la pregunta ¿cuál es el problema con que haya decidido “inyectar liquidez al sistema financiero”? La respuesta es más o menos simple, el BM decidió otorgar dinero a los bancos privados, con el objetivo de que estos a su vez lo hagan llegar, vía créditos, a la población en general, incluidos pequeños y medianos empresarios. Sólo no hay que olvidar que no es dinero de los bancos, sino parte de las finanzas de la nación, como bien aclaró el presidente, y que los bancos privados no otorgan préstamos por solidaridad, sino a cambio del pago de intereses, es decir, los bancos darán créditos con dinero que no es suyo y aparte obtendrán una jugosa tajada por ello. No es nada aventurada la idea de que estamos ante un Fobaproa reciclado.
Desde el gobierno se ha atinado a señalar lo problemático de las medidas tomadas por la institución bancaria, pero no se ha mencionado el principal problema: la autonomía del BM, misma que le permite tomar decisiones sobre la política monetaria de este país sin responder ante nadie.
La mencionada autonomía se otorgó mediante una reforma constitucional en 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas, bajo el argumento de que las decisiones económicas deberían ser tomadas de manera “técnica” sin meter la “política” en ellas, sin politizar. Con ello en mente se cedió el control de la política monetaria a “técnicos” representantes del gran poder financiero nacional y transnacional, entre ellos nadie olvidará a Agustín Carstens, prominente funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) y actual gerente del Banco de Pagos Internacionales. Que nadie se llame a engaño, cuando desde arriba dicen que no politicemos algo, lo que están queriendo decir es que sus intereses políticos son los que deben prevalecer.
La reforma constitucional salinista que otorgó la autonomía al Bando de México fue parte fundamental de la política neoliberal. Al menos en este aspecto, clave por cierto para la economía de millones de mexicanos, el neoliberalismo sigue intacto. Habrá que destruirlo.
[1] Proceso, Núm. 2270, 3 de mayo de 2020. [2] http://www.cce.org.mx/cce-reconoce-las-medidas-del-banco-de-mexico-para-fortalecer-el-sistema-financiero/ [3] Proceso, Núm. 2270, 3 de mayo de 2020. [4] https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-041-gobierno-federal-coloca-bonos-en-los-mercados-internacionales-por-seis-mil-millones-de-dolares?idiom=es