Número 34, Año 6, Julio, 2019
El 3 de junio el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), organismo gubernamental encargado de atender los asuntos relacionados con los pueblos originarios, emitió la convocatoria a la Consulta para la Reforma Constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas, el día 13 del mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Mediante esta convocatoria el gobierno federal busca “recibir opiniones, propuestas y planteamientos, sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la Iniciativa de Reforma Constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.”
Con la Reforma Constitucional el gobierno de la 4T busca, según sus términos, armonizar la legislación vigente en diversos órdenes nacionales e internacionales y recuperar los acuerdos de San Andrés, firmados entre el EZLN y el gobierno federal en febrero de 1996 y traicionados desde entonces por todos los partidos políticos y poderes del Estado mexicano. Para ello ha echado a andar este proceso de consulta mediante la realización de una serie de foros regionales. Se buscarán realizar poco más de 50 foros en diversas regiones del país a lo largo de julio y un foro nacional a inicios de agosto. Es una obviedad, pero vale la pena insistir que son los pueblos los que con sus acciones, palabra y silencio, responderán a este mecanismo implementado por el gobierno federal, aquí sólo enunciamos algunos elementos de esta Consulta que van contra el pretendido reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Lo primero que cabe mencionar es la insuficiencia de la “etapa informativa” en la que supuestamente se brindaría información a los pueblos y comunidades sobre la consulta, sus fechas, lugares y contenido de la misma.
En la etapa llamada “deliberativa” la realización de los foros ha carecido de la planeación necesaria para hacerlos no sólo efectivos, sino realmente espacios consultivos, los tiempos de los pueblos no han sido respetados y se imponen fechas apresuradas y espacios muchas veces alejados de las comunidades, sin respetar los lugares en los que los pueblos procesan sus discusiones, en muchos casos sus asambleas comunitarias. Para muestra sólo un botón, mientras la consulta fue anunciada el día 3 de junio, ya para el 21 de junio se realizaron los primeros Foros Regionales, en tan pocos días parece imposible el proceso de información, debate, diálogo y toma de consensos que cada pueblo lleva para la construcción de su voz colectiva.
Esta situación nos recuerda lo que pasó entre agosto y noviembre del año pasado, con los Foros por la Pacificación Nacional, que buscaban escuchar e integrar las propuestas de organizaciones y familiares de víctimas para delinear una política de seguridad que pusiera en el centro a la gente, y que al final, terminaron no sólo siendo un desastre logístico y organizativo, sino privilegiando la visión oficial que no contempló las propuestas de las víctimas, y en su lugar estableció una estrategia militarizada de seguridad con la Guardia Nacional al centro.
Parecería que la urgencia por hacer las cosas y las consecuentes fallas y errores es sello de este gobierno. Al menos en el caso de los pueblos indios, ello no puede verse como fruto de las ansias de “cumplir lo prometido”, antes bien parece ser la prisa por imponer ya un marco regulatorio que despoje a los pueblos de la que fue hace décadas una de sus principales banderas, una reforma constitucional en derechos y cultura indígenas que les permita ejercer su autonomía.
La autonomía es el centro del problema. Muchos pueblos indígenas, tras la traición del Estado mexicano al no respetar los Acuerdos de San Andrés, han ejercido y construido su autonomía por la vía de los hechos, el ejemplo más avanzado de ello, pero no el único, son las comunidades zapatistas en Chiapas.
Hoy día, tras décadas de neoliberalismo, con la aprobación de leyes que afectan a los pueblos, el Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, la reforma al 27 constitucional de Salinas, las siguientes reformas a leyes como la de bienes nacionales, la ley de aguas, la ley minera, etc., se ha creado un marco regulatorio y constitucional que hacen imposible la aplicación de lo alcanzado en los Acuerdos de San Andrés. Si el gobierno buscará hoy día su aprobación, tendría que echar atrás todo ese entramado legal, sin embargo no hay visos de ello, por el contrario, el despojo mediante el uso de esas leyes está a la orden del día para la ejecución de proyectos como el Corredor Transístmico, el Tren Maya o el Proyecto Integral Morelos, las concesiones mineras que asolan el país y demás megaproyectos que afectan a pueblos y comunidades indígenas, a esto habría que sumar las consecuencias de la guerra contra el pueblo y la militarización del país, todo lo cual obliga a repensar la actualidad o no de lo firmado entre el gobierno federal y el EZLN hace ya 23 años.
Con la Consulta en curso el gobierno de la 4T busca legitimar los procesos de despojo y la avanzada contra los pueblos y sus territorios, sin embargo, como algunos compañeros del CNI han afirmado, el derecho a la consulta, incluso con las características que define el Convenio 169 de la OIT, es decir, una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, es un derecho secundario, que puede servir como herramienta de lucha y organización, pero que no sustituye el derecho a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. No se trata que los pueblos indígenas puedan ser consultados sobre cómo el gobierno impondrá proyectos que los afectan, que escojan entre si este o aquel proyecto debe acabar con su organización comunitaria y sus modos de vida, que se use la consulta para imponer decisiones que ya se han tomado; antes bien, se trata que sean los pueblos mismos quienes definan qué hacer en sus comunidades y territorios, qué modelo de desarrollo piensan más conveniente para sí mismos, qué proyectos ejecutar y cuáles no. El derecho a la autonomía es el principal, el derecho a la consulta es secundario. En los foros regionales que el gobierno ha organizado, se ha hecho presente la demanda de la autonomía, incluso la necesidad de derogar una serie de leyes neoliberales que atentan contra la existencia misma de los pueblos. Veremos si el gobierno federal en verdad está dispuesto a escucharlos y ejecutar lo que los pueblos mandaten.
Por ahora lo que se observa es un presidente que en días pasados fue a Chiapas y desde ahí llamó al EZLN a la unidad, sin mencionar siquiera alguno de los agravios que pueblos indios y comunidades zapatistas han recibido en estos meses de 4T. Ninguno de los compañeros asesinados en Guerrero o Morelos, ninguna de las agresiones militares y paramilitares que comunidades en Oaxaca, Colima y Chiapas han sufrido, ninguno de los presos indígenas en Sonora o Chiapas fue mencionado por el Presidente; ni siquiera los logros en educación, justicia, salud, por nombrar algunos, de las comunidades zapatistas merecieron mención alguna. Todo indica que el llamado al diálogo y a la unidad que se escuchó en Guadalupe Tepeyac, Chiapas, se quedará en eso, palabras. Ojalá que no sea así.