Número 19, Año 3, octubre-noviembre, 2016
De acuerdo con el artículo 4to de nuestra Constitución toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Esto quiere decir, según la Ley de vivienda, que “cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.
Sin embargo, “las leyes se hicieron para violarse”, y en materia de vivienda la ciudad de México es el claro ejemplo de este famoso refrán. Si no nos cree, voltee a mirar cualquier colonia en cualquier delegación, ¿cuántas de las viviendas cumplen a cabalidad con dichas características? Empecemos por los servicios. En muchas colonias de distintas delegaciones el agua potable se surte por tandeo. En muchas colonias, de la periferia sobre todo, aún falta drenaje, pavimentación, servicio de alumbrado público, etcétera. Si nos fijamos en la prevención del desastre, encontramos que muchas viviendas se encuentran en zonas de riesgo. Se trata de asentamientos irregulares que muchas veces son cotos de poder político para el gobierno en turno, bajo promesas de regularización y dotación de servicios. En miles de casos las viviendas son un sólo cuarto alojando a familias de varios integrantes, un único espacio habitable (donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, los cuales deben contar con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural) y de los espacios auxiliares mejor ni hablar (donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación).
Esta es una ciudad donde los desalojos son una amenaza latente para miles de familias que carecen de seguridad jurídica y de recursos económicos. La seguridad jurídica de propiedad o posesión se ha convertido en la más grande ilusión para los sectores más marginados de la población capitalina, en particular para aquellos que habían logrado sobrevivir el proceso de exclusión en las colonias del centro histórico.
En meses recientes, hemos sido testigos de una gran cantidad de desalojos de viviendas en los puntos más céntricos del área metropolitana. En la delegación Cuauhtémoc, lo hemos visto en las calles de Fray Servando 200; Argentina 96 y 99; Zapata 68; Jesús María 36; Nezahualcóyotl esquina Pino Suárez o Granada 29. De acuerdo con el vocero de la Asamblea Popular de Desalojados y Solicitantes de Vivienda en Lucha, Francisco Alvarado al menos 143 familias han sido desalojadas de 39 inmuebles del Centro Histórico de manera ilegal. Se trata de inquilinos y moradores con más de 10 o hasta 20 años de residencia en esos edificios. Algunos, aunque no son dueños de las residencias, han estado pagando rentas mensuales, otros han ocupado predios sin estatus jurídico, aunque han pedido a la PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.) que determine la propiedad y el estatus jurídico de los terrenos. Y aunque la situación de las centenas de personas que fueron desplazadas de su hogar es múltiple y variada y no responde a un patrón común, en general, estos desalojos son una de las expresiones más claras de la desigualdad social en la CDMX. Conllevan un proceso de expulsión y de exclusión social, que no es producto del azar, - aunque parezcan casos aislados- sino de procesos planificados y deliberados impulsados por el capital privado en contubernio con el gobierno de la ciudad, en aras de la implementación de políticas urbanas de corte neoliberal que tienden a la acumulación de cada vez más riqueza para los capitalistas.
Este tipo de desalojos atentan contra los derechos humanos por tratarse de desalojos forzosos. Es patente la participación de los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública que con lujo de violencia han expulsado a la gente de sus hogares sin aviso previo de desahucio. Así, además de violar la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegítimas en el domicilio, constituyen tratos crueles y degradantes para las personas desalojadas. Los desalojos forzosos constituyen una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda “digna y decorosa”.
La vivienda es un derecho y no un negocio y los vecinos que han sido desalojados en estos meses lo saben y se han organizado para repudiar el abuso de poder y la violencia de que han sido objeto por parte del gobierno capitalino. Mediante marchas, mítines y manifestaciones en distintos puntos del centro y con un cacerolazo en la sede del gobierno de la ciudad, por fin lograron hacerse visibles frente a las autoridades y concertar una cita para definir criterios que permitan el cese de los lanzamientos y la violencia con que han sido realizados, además de presentar un programa emergente de vivienda y alternativas de vida para la gente del centro histórico. Sin embargo, si el gobierno de la ciudad no tiene la disposición de atender las demandas de estos vecinos, organizados continuarán la lucha por el reconocimiento del derecho a una vivienda digna.